Este lunes, el Tribunal Oral Federal sentenció al rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, a tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación a desempeñar cargos públicos. El ingeniero fue encontrado responsable por las faltas de obras en la Facultad de Ingeniería que suscitaron en la muerte por electrocución del estudiante Emanuel Reinoso en 2010.

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Además, el exsecretario Administrativo Financiero de dicha facultad, Alfredo Daroni, recibió la misma pena y Joaquín Roso, exsecretario de Obras de la UNSJ, fue condenado a dos años y 6 meses de prisión condicional y también una inhabilitación por cinco años para ocupar cargos en establecimientos educativos. Finalmente, Guillermo Coto, exsecretario de Obras de la UNSJ, fue absuelto.

La penal que sentenció el Tribunal es la que había solicitado el fiscal Francisco Maldonado, quien consideró que fue la “consecuencia del mal estado general en que se encontraban las instalaciones eléctricas del edificio” lo que causó la muerte del joven alumno. Esto fue corroborado en una nueva inspección ocular realizada junto con personal de Criminalística y de la División Siniestros del Departamento de Bomberos.

Por el lado de la querella, representada por el abogado Diego Reinoso, hermano del alumno que perdió la vida en aquella ocasión, indicó que evaluarán “los fundamentos del fallo junto a la familia y decidiremos si apelamos o no. Nosotros pedimos mayores y con prisión efectiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual”.

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La tragedia ocurrió el 8 de marzo de 2010. Aquél día, el estudiante Fernando Reinoso de 32 años de edad, preparaba su última materia en una de las aulas de la Facultad de Ingeniería y murió electrocutado cuando intentó desenchufar un ventilador de pie que estaba conectado a una zapatilla. Por esto, la familia de Reinoso hizo la denuncia por el mal estado de las instalaciones y en el 2014 Nasisi fue sobreseído por el Juez federal Leopoldo Rago Gallo. Sin embargo, la Fiscalía apeló y en marzo de 2015 la Cámara Federal de Mendoza revirtió la resolución y procesó al rector por homicidio culposo. En 2017, la Cámara de Casación Penal confirmó el procesamiento.