En medio de la investigación por el aborto realizado a una embarazada de 22 semanas en Tartagal, la Justicia ordenó que se le realice una autopsia al feto para determinar las condiciones en las que se realizó la interrupción de la gestación.
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Según detalla El Tribuno, la Fiscalía pidió que el Cuerpo de Investigación Fiscarl (CIF) de la capital salteña realice la autopsia para determinar cuales fueron los procedimientos que se utilizaron para expulsar el feto del útero.
Esto ayudará a esclarecer el hecho ya que hay versiones cruzadas: el director del hospital, Santiago Payo, sostuvo que el feto fue expulsado sin vida, mientras que la madre sostuvo que estaba viva luego de la práctica.
“Nació con vida y la metieron en una bolsa de plástico”, detalló Claudia Subelza, concejala de Salta, e insistió en remarcar que a joven a la que se le practicó el aborto, se arrepintió a último momento pero que no se la escuchó.
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Al mismo tiempo, el abogado de la familia denunciante, Ramber Ríos, detalló que se realizó una denuncia también en contra de dos funcionarios del Ministerio Público Fiscal, ya que consideran que fueron notificados de la situación y arrepentimiento pero no actuaron para detener el proceso.
“Faltaban siete largas horas para consumar el asesinato. En esas siete horas nada importante hicieron los funcionarios del hospital y, más grave aún, los fiscales del caso”, remarcó Ríos.
“Quiero denunciar a la doctora Miranda Ruiz porque me mató a mi bebé. Yo quería abortar cuando fui al hospital Perón de Tartagal, pero cuando hablé con mi tío y mi tía, ya no quería hacerlo y más todavía cuando la vi a mi hija Angi. Ahí decidí no hacerlo”, arranca diciendo el acta y remarca que le dijo a la médica el 24 de agosto que quería seguir con el embarazo pero “no se me hizo caso”.