Afirman que Vicentin ocultó su “decadencia económica y financiera” desde 2017

Las partes se reunieron a primera hora en el Centro de Justicia Penal de Rosario. (@galindezm3)
Las partes se reunieron a primera hora en el Centro de Justicia Penal de Rosario. (@galindezm3) Foto: @galindezm3

Pedirán prisión preventiva por estafa para algunos directivos. La defensa ofrecerá una fianza millonaria en dólares.

El fiscal Miguel Moreno planteó este martes en Rosario que Vicentin planificó el “ocultamiento de su decadencia económica y financiera” desde 2017. Así definió la hipótesis detrás de la imputación por estafa a 14 personas directivos actuales y anteriores de la agroexportadora. La investigación comenzó a partir de la denuncia de uno de los acreedores ante la sospecha de que la empresa engañó a los productores previo al default a fines de 2019.

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El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) planteó que la empresa santafesina “se fue a pique”, pero encubrió esa situación mediante balances falsos y otros documentos presentados ante bancos. “Tenemos probado que no existía esa solvencia”, aseveró.

El fiscal adelantó que pedirá la prisión preventiva para algunos de los imputados como parte del proceso. A partir de un pedido de la defensa para repasar la evidencia presentada, el juez Román Lanzón dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves para dictar las medidas cautelares correspondientes.

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La convocatoria por la causa incluyó a algunos de los principales representantes de la agroexportadora como Omar Scarel, Alberto Macua y Máximo Padoán. La firma abrió a principios del año pasado el concurso preventivo para sanear una deuda que asciende a 1.500 millones de dólares, pero algunos de los actores que reclaman su dinero decidieron recurrir a la Justicia penal.

El default de la firma en 2019 también generó otra causa penal en Buenos Aires sobre los préstamos del Banco Nación. (La Voz / Archivo)
El default de la firma en 2019 también generó otra causa penal en Buenos Aires sobre los préstamos del Banco Nación. (La Voz / Archivo)

Moreno comenzó a trabajar sobre el caso a partir de la presentación de la corredora Grassi. El Banco Macro se sumó como querellante, al igual que otras entidades financieras del exterior que reclaman pagos a la cerealera fundada en Avellaneda.

El fiscal afirmó que los estados contables de Vicentin no incluían los pasivos correspondientes a deudas con productores. Según esta hipótesis, la firma “tomaba el grano y lo registraba como activo sin registrar la contrapartida” del pago cuando los dueños de la materia prima decidieran fijar precio.

El representante del MPA añadió que la compañía también mintió para acceder a financiación bancaria mediante “certificados de compliance falsos”. También detectaron que parte de ese capital fue dirigido a otras empresas satélite del grupo sin “justificativo comercial” o “contraprestación”. La pesquisa incluye medidas para rastrear el dinero en Suiza y Estados Unidos, entre otros países.

Ratios adulterados para sacar créditos

En el caso de los bancos, Moreno planteó que la agroexportadora se dedicó adulterar el ratio, la diferencia entre su activo y pasivo corriente. Algunos créditos requerían una razón de 1,2, es decir, un capital equivalente al 120% de la deuda, y encontraron documentos que llegaron a 1,8 cuando la realidad financiera era otra.

La investigación llevó al MPA a solicitar la clausura de oficinas de Vicentin y más tarde la apertura de cajas de seguridad en Reconquista y San Lorenzo, entre otras medidas para reconstruir el camino hacia el default.

La audiencia no fue la primera en el fuero penal para algunas de las personas bajo sospecha. Además del exvicepresidente Macua, Daniel Buyatti, Roberto Vicentin y Martín Colombo fueron citados en Comodoro Py por los préstamos que la firma le pidió al Banco Nación.

La lista de imputados por estafa y otros delitos se completa con: Pedro, Sergio y Roberto Vicentin, Cristian Padoán, Roberto y Javier Gazze, Yanina Colomba Boschi, Robertino Boschi y Miguel Vallazza. En los últimos días, la empresa preparó la propuesta de una fianza de 5 millones de dólares ante el posible pedido de prisión preventiva para algunos de los sospechosos. El único ausente fue Raúl González Arcelus, que integró hasta septiembre de 2020 la junta de fiscalización.

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