La suspensión dictada por la Corte Suprema de la Nación este lunes fue la principal novedad judicial de la jornada frente a la epidemia de coronavirus pero no la única. A partir de un pedido de la Fiscalía Regional de Rosario se postergaron las audiencias por incumplir el aislamiento que dispuso el Gobierno nacional.
Horas después de que se confirmara el segundo arresto domiciliario en la ciudad de una persona que estuvo en un país de alta circulación de COVID-19, el juez penal Nicolas Foppiani decidió suspender los plazos habituales para imputar a los involucrados. La resolución hizo lugar así a un planteo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para zanjar el problema procesal se genera en medio de las medidas sanitarias vigentes.
La orden de evitar contacto durante 14 días para prevenir la circulación del virus primó frente al límite de 96 horas que estipula el Código Procesal Penal de la provincia desde la detención hasta la presentación de Fiscalía. Una vez que pasen esas dos semanas, los dos implicados serán citados para responder por la situación.
El primer episodio confirmado por el organismo judicial se registró la tarde del domingo, cuando una joven de 21 años fue denunciada por haber ido a visitar a una amiga en Italia al 300 después de un viaje reciente a Inglaterra. Además de asignar allí una custodia policial, las autoridades también clausuraron el comercio que funcionaba en la parte delantera del inmueble donde vive su familia en San Juan al 800.
