El Gobierno de Milei suspendió el pago de más de 4500 planes Potenciar Trabajo

La medida la dispuso el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, a partir de la auditoría conjunta con el fiscal Guillermo Marijuán. La medida afecta a 14 provincias.

Auditorías sobre planes sociales.
Auditorías sobre planes sociales.

El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes que se suspende el pago a más de 4500 beneficiarios del programa “Potenciar Trabajo” que, según la auditoría que inició el Ministerio de Capital Humano, presentan incompatibilidades para recibir dicha asistencia.

En la Casa Rosada precisaron que 4588 titulares dejarán de recibir el plan. El número se definió a partir del trabajo que lleva adelante el mencionado ministerio con el fiscal Guillermo Marijuán, que incluyó el entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del programa y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias.

“Son 4588 las personas que presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan”, señalaron en el Gobierno nacional y remarcaron que las provincias investigadas son 14: Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.

Días atrás, el presidente Milei ponderó la auditoría. “Estamos sacando la corrupción a capa y espada”, dijo y remarcó que su gestión busca “limpiar los vicios del Estado”. Seguido, se refirió a los “dobles cobros” detectados dentro del programa y remarcó que “esas personas no tienen por qué estar cobrando”.

Auditoría

La Casa Rosada inició una auditoría en todos los planes Potenciar Trabajo “para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta”, según indicó el vocero presidencial Manuel Adorni.

“Con la investigación del fiscal se acreditó la identidad de 8 mil personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado). Además de los 60 mil beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiaros”, destacó el portavoz en una de sus tradicionales conferencias de prensa.

En ese sentido, el funcionario comentó que esos “160 mil planes equivalen a 10 mil millones de pesos que los argentinos no tienen ni deben hacerse cargo”.

Adorni agregó que el objetivo de la iniciativa es “transparentar el sistema” y que los planes “dejen de significar un negocio para los intermediarios”.

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