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| sábado, 13 de junio de 2026
Una jornada de Educación Sexual Integral (ESI) en la escuela Rubén Darío, situada en Desaguadero, Mendoza, fue el detonante para exponer una grave problemática que afectaba a la comunidad educativa.
José Naim Jofré, un docente de 37 años que trabajó en la institución entre 2022 y 2024, fue sentenciado tras comprobarse que abusó sexualmente de ocho estudiantes de entre 11 y 13 años. El modus operandi del profesor consistía en aprovechar las instancias de consulta académica para realizar tocamientos indebidos.
Para ejercer control sobre las víctimas, el docente utilizaba frases de manipulación como: “Ustedes son muy lindas. Tienen lindo cuerpo. No parecen la edad que tienen”.
En casos de mayor gravedad, una alumna fue coaccionada para observar pornografía bajo la amenaza de ser privada de izar la bandera. Con el objetivo de mantener la impunidad, el agresor intentaba persuadirlos diciéndoles que “no malinterpretaran sus abrazos”.
No obstante, los menores lograron romper el hermetismo mediante un pacto de solidaridad escrito en papeles: “Si habla uno, hablamos todos”. Gracias a una clase de ESI impartida por otra docente, los alumnos perdieron el miedo y denunciaron los hechos.
Aunque Jofré se dio a la fuga, fue capturado en Tierra del Fuego el año pasado. Finalmente, durante el inicio del juicio, el imputado reconoció los hechos y fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por abuso sexual simple, agravado por su condición de educador.
En otro hecho de extrema gravedad en Mendoza, un auxiliar de la Policía Rural, de 29 años, fue detenido tras confirmarse que abusó sexualmente de su hermana. La investigación, liderada por el fiscal Federico Bergamín, reveló que el efectivo es, además, el padre biológico de uno de los hijos de la víctima.
Al momento de su arresto, el hombre no expresó asombro y manifestó: “Yo sé por qué vienen. Es por lo que están detenidos mi papá y mi hermano”.
El hallazgo se produjo de manera fortuita mientras se investigaba a otro integrante del grupo familiar por el abuso de su propia hija. A través de testimonios en Cámara Gesell, la víctima, de 35 años, relató los padecimientos que sufrió a manos de sus parientes desde su adolescencia.
Debido a que la mujer desconocía quién era el padre de su hijo de 10 años, se procedió a realizar pericias de ADN. Tras excluir al padre de la víctima, el sistema CODIS determinó que el progenitor del menor era el hermano policía, quien era visto como el “orgullo de la familia”.
Mientras el policía enfrenta el proceso, el padre de ambos, de 60 años, podría quedar en libertad por la posible prescripción de los delitos, mientras que el otro hermano permanece en prisión preventiva.
Aylén Barrera Arciniega