De este modo quedó confirmada de hecho la consulta popular que se hará pasado mañana para ratificar la decisión de la Legislatura provincial.


La Corte Suprema de Justicia rechazó por tres votos a uno tratar el pedido que le hizo Cambiemos para que se declara inconstitucional la consulta popular en La Rioja que habilitaría la re reelección del gobernador Sergio Casas.

De este modo quedó confirmada de hecho la consulta popular que se hará pasado mañana para ratificar la decisión de la Legislatura provincial que con el voto de más dos tercios de sus miembros modificó la legislación y habilitó la posibilidad de que Casas vaya por un segundo mandato después de haber sido vice de Luis Beder Herrera.

La mayoría de la Corte votó que “no hay caso” para tratar el pedido que había hecho la opositora Cambiemos, en un pronunciamiento en línea con el que había tenido la procuradora ante la Corte, Laura Monti, después que el miembro del tribunal Horacio Rosatti habilitó la feria y le dio vista el jueves de la semana pasada.

En síntesis, la procuradora sostuvo que “es mi parecer que en el presente se intenta que la Corte intervenga en un proceso que debe estar sujeto a la jurisdicción y competencia de los magistrados de la provincia”, y concluyó que la Corte “no debe intervenir en el proceso”.

Los votos a favor de negar el tratamiento (o “no hay caso”, en su jerga) fueron los de Elena Highton, que lo hizo sin más, en tanto con fundamentos de otro tipo lo hciieron en conjunto Rosatty y Ricardo Lorenzetti. A favor de tratarlo sólo se pronunció el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. El quinto integrante, el cordobés Juan Carlos Maqueda, estuvo ausente en este acuerdo extraordinario realizado en medio de la feria judicial de verano.

En sus fundamentos, Rosatti y Lorenzetti sostuvieron que “es necesario enfatizar que las autoridades administrativas y los tribunales locales convocados a actuar deben estar a disposición de los ciudadanos y resolver sus planteos con la prontitud con que lo está haciendo esta Corte, para evitar que cuestiones de naturaleza local, queden huérfanas de tratamiento.

“Es preciso asegurar que, cualquiera sea la decisión definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea fácticamente posible, evitando que reine la incertidumbre o que los hechos prevalezcan sobre el derecho”, agregaron. Y finalmente consideraron: “Garantizar la vigencia del sistema representativo republicano y federal no sólo es responsabilidad de las autoridades nacionales, sino también de las provinciales, conforme lo establece el artículo 5° de la Constitución Federal”.






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