Encuadrada en la jornada de demandas contra el “ajuste” planteadas a nivel nacional por Unidad Piquetera, que tuvo como epicentro la ciudad de Buenos Aires, se realizó en San Salvador de Jujuy una marcha de organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales contra la criminalización de la protesta social y por el cierre de todas las causas judiciales abiertas contra militantes y dirigentes.
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Esto último tiene directa relación con que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició de oficio una investigación sobre agrupaciones populares por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales, lo que derivó en allanamientos en los domicilios de varios dirigentes y sedes de las entidades.
“Tienen la pretensión de quebrar al movimiento obrero y al de los desocupados sobre la base de la represión y la criminalización que lleva adelante la dictadura de (gobernador Gerardo) Morales”, declaró el dirigente salteño del Partido Obrero y Frente de Izquierda Claudio del Plá, quien participó en la protesta.
La marcha comenzó su recorrido en el acceso sur a la ciudad y finalizó en la plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno, con un acto.
“Hoy tenemos un gran paro nacional de la docencia que es contra la criminalización pero también por las reivindicaciones y contra el ajuste”, afirmó Del Plá y añadió que “lo que demanda claramente esta movilización y el paro de la docencia es un paro nacional y un plan de lucha para quebrar el ajuste; con esas banderas venimos a Jujuy”.
HÁBEAS CORPUS EN JUJUY
El lunes pasado un grupo de dirigentes sociales, sindicales y políticos de Jujuy presentaron ante la Justicia jujeña un pedido de “hábeas corpus” para que el sistema judicial y organismos del Estado provincial respeten las “libertades democráticas” y cese “la persecución ante cada manifestación de protesta”.
Se trata de un documento colectivo que cuenta con la adhesión de 25 activistas, los cuales fueron detenidos, tienen causas penales y fueron víctimas -según la denuncia- de “espionajes ilegales” por encabezar protestas sociales contra el gobierno de Morales.
“Entendemos que hay cuestiones que vienen pasando y manejando con muchas irregularidades como ha pasado con los armados de causas en perjuicio de compañeras de otras organizaciones o la detención en marzo y abril de otros compañeros”, le dijo a Télam Gonzalo Maurín, referente de Nuestramérica Movimiento Popular de Jujuy.
En particular, hizo referencia a la investigación que lleva adelante el fiscal Diego Funes contra distintas organizaciones sociales y sus dirigentes de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá y Calilegua, cuyas sedes y domicilios, 16 en total, donde funcionan algunos merenderos, fueron allanados de forma simultánea el 6 de julio pasado por efectivos de la Policía de la provincia.
La medida fue ordenada por el juez de Control Rodolfo Fernández a solicitud del fiscal, tras denuncias de particulares en torno a presuntos delitos relacionados con los planes sociales.
“Pedimos que se respeten las garantías y derechos constitucionales que hay en la provincia de la mano del Gobierno y el Poder Judicial dado que esto no ocurre, se mantiene la persecución política con infiltraciones y espionajes ilegales”, denunció Maurín.
La manifestación reclamó también por la derogación del Código Contravencional contra la persecución política a los que protestan y mejores salarios para los trabajadores estatales y municipales.
Se movilizaron integrantes del Polo Obrero, Movimiento MTR 12 de Abril, Movimiento Territorial Liberación, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Organización Tupac Amaru, entre otras.
Con información de Télam