Las víctimas no fueron consultadas, como ordena la ley N° 27.372.


La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Jujuy (APDH) rechazó el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria a Alberto Callao, excabo del Ejército condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Mediante un comunicado la entidad denunció la “ilegalidad en que ha incurrido el Juzgado de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Jujuy” por la resolución adoptada a favor del represor.

Callao fue condenado por haber sido partícipe necesario de la “privación ilegítima de la libertad calificada”, recordó la Asamblea.

El debate oral y público, realizado en el 2015, investigó el secuestro de militantes del Partido Comunista, a quienes se los llamó “grupo Tumbaya” y fueron privados de su libertad en la localidad del mismo nombre y en San Salvador de Jujuy, entre agosto y diciembre de 1976.

Para la APDH, el órgano judicial “no ha dado cumplimiento a la Ley de Víctimas (27.372) que establece que antes de pronunciarse sobre la morigeración de las condiciones de detención de un condenado, debe consultar el parecer de sus víctimas”.

En ese marco, repudió en el mismo comunicado tanto el proceder del Juzgado de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Jujuy, por ser “claramente ilegal” -asegura-, así como su resolución por ser “inaceptable que el beneficiario de ésta sea alguien que ha cometido los delitos más aberrantes que prevé el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

El represor condenado Alberto Callao cumplió funciones en el Ejército Argentino, bajo las órdenes del teniente Rafael Mariano Braga, también penado en múltiples juicios por delitos de lesa humanidad.

El 15 de diciembre de 1976 participó del operativo de traslado de los presos ilegales de la dictadura Paulino Galeán, Cresente Galeán, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Manuel Ismael Vivas, Rosa Santos Mamaní, Santiago José Abán, José Nemecio Flores, Remigio Ángel Guerra, Pablo Roberto Lacsi, Pedro Pablo Ramos y Santiago Ramos.

Ese operativo fue organizando en conjunto entre el Ejército y la Policía de la provincia, con participación del Servicio Penitenciario provincial y consistía en llevar a los detenidos ilegalmente desde la Unidad Penal ubicada en el barrio Gorriti hasta el aeropuerto de Perico para abordar un avión, que nunca llegó.

Al aeropuerto llegaron siete de ellos, mientras que Paulino y Cresente Galeán, Vivas, Toconás y Ríos -retirados en otro vehículo- permanecen desaparecidos hasta la fecha.




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