Tras allanar la UP9 de Gualeguaychú, desbarataron un plan criminal para matar a un juez federal penal, a un fiscal y al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. La investigación expuso una trama que se gestaba puertas adentro de la cárcel y que tenía como objetivo golpear directamente a la Justicia y al poder político provincial. La reacción institucional fue inmediata y contundente.

Desbaratan un plan narco para asesinar a Roncaglia y a un juez Federal de Entre Ríos
Se trata de una banda criminal que planeaba desde la cárcel un atentado contra la Justicia y el Estado. La rápida intervención de la Justicia Federal y del Servicio Penitenciario permitió frenar el plan antes de que avanzara. La causa, que se mantiene bajo estricta reserva, sacó a la luz detalles estremecedores sobre cómo operaba la organización y quién financiaba la maniobra.

La investigación reveló que el complot se gestaba dentro de la UP9 de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.
El plan criminal era financiado por el narcodelincuente Leonardo Airaldi, detenido en marzo de 2024, quien habría ofrecido 40.000 dólares para contratar a un sicario uruguayo. El objetivo era ejecutar un ataque contra el juez federal penal Leandro Ríos, el fiscal José Candioti y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.
El presunto complot salió a la luz por un informante vinculado a la organización ante el fiscal federal Rebollo. A partir de ese testimonio, el juez federal de Gualeguaychú, Héctor Viri, ordenó allanamientos de urgencia en distintas dependencias. Las autoridades analizan comunicaciones y profundizan la investigación para determinar el grado de ejecución del plan y si hubo más implicados.
En ese contexto, el gobernador Rogelio Frigerio fue categórico: “Quiero destacar la actuación del juez Dr. Viri y del fiscal Rebollo, cuya labor fue clave para impedir que esta amenaza”. Y, expresó su solidaridad con el juez Ríos, el fiscal Candioti y con el ministro Roncaglia. Y lanzó la frase que resonó con fuerza: “No nos van a intimidar. Para los delincuentes no hay lugar en Entre Ríos”.

Por su parte, Roncaglia describió que Airaldi había montado un “ecosistema criminal” en la costa del Paraná, Rosario y el partido de San Martín, Bs As, para operar en el narcotráfico. Recordó que fue investigado durante 2024, hasta su detención con varios cómplices. “Si piensan que nos van a hacer bajar los brazos, están equivocados. Muy por el contrario, esto me envalentona más”, afirmó.

El caso generó fuerte repercusión institucional y política por la gravedad del objetivo
Atentar contra funcionarios judiciales y un ministro provincial. Desde el Gobierno entrerriano remarcaron que se dio aviso a las autoridades nacionales y que se adoptaron medidas de seguridad. La investigación sigue en curso, pero el mensaje fue claro: el Estado reaccionó a tiempo y no está dispuesto a ceder ante el avance del narcotráfico.
