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| sábado, 30 de mayo de 2026
Desbarataron en las últimas horas un plan narco para ejecutar atentados contra funcionarios judiciales y políticos en Entre Ríos. La investigación indica que la maniobra habría sido organizada desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde se encuentra detenido Leonardo Airaldi, conocido públicamente como el “Gaucho narco”.
De acuerdo con la información judicial, el complot tenía como presuntos blancos al juez federal de Paraná Leandro Ríos, al fiscal federal José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad y Justicia provincial Néstor Roncaglia.
La pesquisa se activó tras un aviso del Servicio Penitenciario de Entre Ríos que alertó sobre movimientos y conversaciones sospechosas dentro del penal. A partir de esa información, el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri y el fiscal federal Pedro Rebollo ordenaron allanamientos de urgencia en distintos pabellones.
Durante los procedimientos, realizados por personal de Gendarmería Nacional, se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y dosis de cocaína. Los elementos incautados serán ahora sometidos a peritajes para determinar el alcance de la presunta organización y la veracidad de las amenazas.
Según trascendió, el presunto plan criminal buscaba evitar el inicio del juicio oral por narcotráfico contra Airaldi y otros imputados, previsto en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Fuentes oficiales confirmaron que el debate se mantiene en la fecha prevista, aunque con un refuerzo significativo de las medidas de seguridad.
En paralelo, se dispuso custodia especial para los funcionarios que habrían sido señalados como objetivos del complot.
El caso generó preocupación en el ámbito judicial. Distintas asociaciones de magistrados y fiscales expresaron su inquietud ante lo que calificaron como hechos de “extrema gravedad”.
Desde sectores vinculados a la Justicia se advirtió que este tipo de maniobras no solo comprometen la seguridad personal de los funcionarios, sino que también representan un ataque directo al normal funcionamiento de las instituciones y al Estado de Derecho.
Las manifestaciones públicas coincidieron en la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y protección frente al accionar de organizaciones narcocriminales.
Tras conocerse el avance de la investigación, el gobernador Rogelio Frigerio se pronunció públicamente y destacó el accionar coordinado entre el Servicio Penitenciario provincial y la Justicia Federal.
“Intentaron desde la cárcel organizar un atentado contra la Justicia y el Estado”, expresó el mandatario.
En ese marco, Frigerio subrayó el trabajo de los organismos que intervinieron en la causa. “Gracias al profesionalismo de nuestro Servicio Penitenciario y a la rápida intervención de la Justicia Federal, el plan fue desbaratado”, afirmó.
Asimismo, el gobernador envió un mensaje político contundente frente al accionar del narcotráfico: “No nos van a intimidar. Para los delincuentes no hay lugar en Entre Ríos”.
La causa judicial avanzó en las últimas horas hacia la presunta participación de dos sicarios uruguayos que, según la información incorporada al expediente, habrían cobrado 40.000 dólares para ejecutar la orden atribuida a la organización narcocriminal.
De acuerdo con los datos que manejan los investigadores, la directiva asignada a los asesinos a sueldo consistía en perpetrar atentados contra el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y el fiscal federal José Ignacio Candioti.
Siempre según la reconstrucción judicial, las emboscadas habrían estado previstas para los próximos días. El objetivo central del presunto plan criminal era evitar el inicio del juicio oral por narcotráfico contra Leonardo Airaldi y otros imputados, cuyo debate está programado para comenzar el martes próximo en el Tribunal Oral Federal de Paraná.
La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que no descarta nuevas medidas en el marco del expediente.
Redacción Vía Paraná