Qué pasó con la polémica de Abel Pintos: la causa por la usurpación de tierras
Una familia fue desalojada tras instalarse en unas tierras adquiridas por Abel Pintos. En qué quedó la causa por usurpación.


Abel Pintos es uno de los cantantes más queridos del país y una de las voces más increíbles. Más allá de su carrera artística conocida por todos, el cantante también es noticia por otras temáticas relacionadas a su nombre como fue el conflicto por unas tierras adquiridas en Mendoza. Después de meses, la Justicia provincial oficializó el sobreseimiento de Alberto “Tito” Angulo y Yésica Ferreyra, la pareja que había sido imputada por usurpación.


El matrimonio mendocino quedó envuelto en una causa judicial después de que se detectara que el terreno donde habían construido su casa también formaba parte de una superficie que posteriormente compraron el cantante y su socio, Marcelo González.
La resolución fue dictada el lunes 24 de agosto de 2026 y puso punto final al menos en el ámbito penal, a una situación que había comenzado más de dos años atrás. La familia había sido desalojada del lugar en mayo de 2025 y, aunque los representantes legales de Pintos y González comunicaron poco después que no pretendían continuar con la acusación, el matrimonio permaneció formalmente imputado durante otros 15 meses.
La historia comenzó a fines de febrero de 2024, cuando Angulo y Ferreyra utilizaron sus ahorros y una indemnización que Alberto había recibido luego de un accidente laboral para comprar un terreno de aproximadamente 1.500 metros cuadrados en San Francisco, Lavalle. La pareja había encontrado la oferta a través de Facebook y adquirió el lote a un hombre de apellido Morales, quien les entregó documentación vinculada con supuestos derechos posesorios sobre el inmueble.

Con esa documentación, se instalaron en el lugar junto a sus cuatro hijos y comenzaron a construir su vivienda. El problema apareció meses después, cuando descubrieron que ese terreno formaba parte de una superficie mucho mayor que figuraba registralmente a nombre de otra persona jurídica. En noviembre de 2024, Abel Pintos y Marcelo González adquirieron 93 hectáreas en la zona de Lavalle mediante una operación realizada con el banco que figuraba como titular registral.
Dentro de esa extensión estaba incluido el terreno donde la familia Angulo-Ferreyra había construido su casa. Así, quedaron superpuestas dos operaciones realizadas por vías diferentes: por un lado, la familia había comprado de buena fe los derechos posesorios sobre el lote; por otro, Pintos y su socio habían adquirido las tierras de quien aparecía como titular registral.
El conflicto se hizo evidente cuando los nuevos propietarios llegaron a recorrer el campo y se encontraron con la vivienda de la familia. En marzo de 2025, el fiscal Juan Carlos Alessandra imputó a Angulo y Ferreyra por “usurpación de inmueble”. Dos meses después, el 28 de mayo, se concretó el desalojo con presencia policial y judicial.
La familia abandonó la propiedad sin que se registraran incidentes y trasladó sus pertenencias a Jocolí Viejo, también en Lavalle. Un amigo les cedió parte de su terreno para que pudieran comenzar nuevamente y levantar una nueva vivienda.

Pero la situación tomó un giro particular inmediatamente después del desalojo. Al día siguiente de que la familia dejara el inmueble, los abogados de Pintos y González informaron a la Fiscalía que sus representados ya habían recuperado el control de la propiedad y que no tenían intención de continuar con la acusación contra el matrimonio.
Sin embargo, el cierre formal de la causa no llegó de inmediato. Aunque el conflicto por la posesión del terreno había quedado resuelto, la audiencia destinada a formalizar el sobreseimiento se fue postergando. Como consecuencia, Angulo y Ferreyra continuaron figurando como imputados durante 15 meses.
El lunes 24 de agosto, después de más de un año, la Justicia mendocina finalmente oficializó el sobreseimiento de Angulo y Ferreyra.