Redacción Vía País
La crisis del gas licuado viene amenazando con desatarse desde hace un tiempo. Sucede que cámaras empresarias del sector reclaman al Gobierno que autorice un aumento del 200% para llevar el valor de la garrafa de 10 kilos de $700 a $2100. Además, solicitan que el Programa Hogar actualice su precio cada seis meses. Advirtieron que, de no llegar a una solución, la situación podría empeorar y se correría riesgo de desabastecimiento.
Con esa premisa, desde el sector presentaron un petitorio al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la secretaria de Energía, Flavia Royón. La nota fue firmada por las cámaras de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado (Codigas) y de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas).
En resumen, se plantea una “gravísima situación económica y financiera que atraviesan las empresas de fraccionado de gas licuado de petróleo”. “El atraso de los valores del Programa Hogar hace insostenible la continuidad de la actividad, con un déficit crónico para las empresas fraccionadoras y distribuidoras”, explicó el presidente de Cegla, Pedro Cascales.
Cómo es la situación actual del gas licuado
En la Argentina existen 20 millones de usuarios de garrafas. Cuatro provincias del nordeste del país (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) dependen íntegramente del gas licuado de petróleo para la vida cotidiana: tener agua caliente o cocinar, por ejemplo.
El gas licuado se transporta desde las bocas de producción hasta donde se necesita del servicio, pero las empresas fraccionadoras y distribuidoras aseguran que el valor de $700 “no llega ni siquiera a cubrir los precios de referencia autorizados para la etapa del fraccionador en esas provincias”.
Asimismo, aseguran que “la asistencia económica transitoria (AET) del 20% de la facturación otorgada al sector fraccionador por las resoluciones 809/21 y 980/21 no se le está abonando a las empresas desde marzo/abril pasados”.
“Con un valor de la garrafa que en el promedio país se consigue a $700 se corre riesgo de desabastecimiento en todo el país porque ese valor no alcanza para cubrir costos”, expreso Cascales.
Cuál es el reclamo del sector a Massa y a Royón
- Pago urgente de las asistencias económicas transitorias (AET) que se adeudan. Según aseguran “representan cifras muy significativas que comprometen la continuidad de las operaciones”.
- La inmediata recomposición de márgenes de la cadena de comercialización del sector para cubrir los costos y una razonable rentabilidad, según establece la Ley 26.020. Para la etapa de fraccionado es de $1071 y para la de distribución de $1023, totalizando un valor final promedio país sin impuestos de “$2094 por garrafa de 10 kg”
- Implementación inmediata de una fórmula de actualización automática de los precios de referencia en línea con la normativa vigente y acorde a la inflación.
- La modificación de los precios cada seis meses, de acuerdo con lo que establece la Ley 26.020.
- Otorgamiento de créditos subsidiados que permitan cumplir con la renovación obligatoria de la flota vehicular asignada a la distribución de GLP.