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| martes, 01 de septiembre de 2026
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la liberación de Paola Verónica Ortiz, una mujer que llevaba casi 14 años detenida por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial revisó su condena con perspectiva de género y tuvo en cuenta el contexto de extrema vulnerabilidad en el que ocurrió el parto.
La historia comenzó el 31 de octubre de 2012, cuando Ortiz atravesó sola el nacimiento de su hija en una vivienda de Villa Nueva, Córdoba. La bebé murió y el hecho derivó en una investigación judicial que terminó con una condena a prisión perpetua.
En 2015, la Cámara de Villa María juzgó a Ortiz por abandono de persona seguido de muerte. Sin embargo, durante el debate, el tribunal modificó la calificación y la condenó por homicidio calificado por el vínculo por comisión por omisión, con una pena de prisión perpetua.
Según aquella sentencia, Ortiz había omitido deliberadamente cortar el cordón umbilical y pedir asistencia médica después del parto. También se consideró probado que posteriormente ocultó el cuerpo de la bebé durante cuatro días y lo dejó a la vera del río Ctalamochita.
La condena fue cuestionada durante años por su defensa, especialmente por las circunstancias en las que se produjo el nacimiento y por algunos elementos utilizados para determinar si la recién nacida había llegado a respirar.
Uno de los puntos centrales revisados por la defensa fue la autopsia realizada en 2012. El informe forense indicaba que, debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, no era posible establecer científicamente si la bebé había respirado.
A pesar de esa limitación, la condena tomó en consideración la declaración oral del médico forense y el testimonio de un policía, quien afirmó que Ortiz le había manifestado que la recién nacida había llorado.
Ante estas y otras inconsistencias, sus defensoras presentaron en 2024 un recurso de revisión. El pedido recibió además el respaldo de la Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y de distintas organizaciones e instituciones que participaron como amicus curiae, entre ellas el CELS, ELA, Fundeps, Clacai y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este 1 de septiembre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió por unanimidad revisar la situación de Ortiz. El tribunal mantuvo la responsabilidad penal por homicidio calificado, pero consideró aplicables circunstancias extraordinarias de atenuación y redujo la pena de prisión perpetua a 13 años, nueve meses y 26 días. Ese período coincidía con el tiempo que Ortiz ya llevaba privada de su libertad. Por eso, el TSJ ordenó su inmediata liberación.
Uno de los aspectos centrales del fallo fue la incorporación de la perspectiva de género al analizar las circunstancias del parto y la historia personal de Ortiz.
Las pericias consideradas por el tribunal señalaron que, al atravesar el nacimiento completamente sola, la mujer sufrió un estado de “desubjetivización” y actuó de manera “autómata”, sin capacidad para dimensionar racionalmente el peligro de la situación.
En ese análisis, los magistrados cuestionaron también el estereotipo de la “buena madre”, entendido como una expectativa de comportamiento que no contemplaba las condiciones concretas en las que Ortiz se encontraba.
El TSJ valoró además la acumulación de situaciones de vulnerabilidad que atravesó la mujer. Entre ellas, el fallo tuvo en cuenta que había sufrido violencia por parte de su expareja, abusos sexuales de su exsuegro, precariedad habitacional y graves limitaciones cognitivas. Según se incorporó al expediente, Ortiz había repetido cinco veces el primer grado.
Para el máximo tribunal cordobés, esas circunstancias debían ser analizadas conjuntamente con la emergencia obstétrica que atravesó aquella noche de octubre de 2012. Después de 13 años de prisión, la revisión judicial terminó modificando la pena y permitió que Ortiz recuperara su libertad.
Redacción Vía Córdoba