Cecilia Martínez
La historia del caso “Amparito” vuelve a cobrar relevancia tras casi una década de búsqueda que reúne una fuga larga, un escondite cercano y una estrategia de vigilancia que le permitió evitar a las autoridades por varios años. Detrás de ese apodo había una mujer que logró mantenerse oculta, pese a tener una condena pendiente y una orden de captura que aun permanecía vigente.
Una investigación por abuso sexual y facilitación a la prostitución terminó con allanamientos y detenidos
La investigación dio un giro durante la madrugada del miércoles, cuando un allanamiento permitió localizarla en una vivienda cercana a la Ruta Nacional 12, en la zona de Villa Paranacito. El procedimiento puso fin a un período de ocultamiento que se había extendido durante años y permitió avanzar con la detención de una persona que permanecía fuera del alcance de la Justicia.
Se trata de Alejandra Etelvina Rodríguez, que actualmente tiene 48 años y era buscada desde 2016. “Amparito”, había recibido una condena de 20 años de prisión por su participación como cómplice en los abusos sexuales sufridos a dos de sus hijas, que eran menores cuando ocurrieron los hechos. Ella estaba con un hombre de 72 años, acusado de encubrimiento por presuntamente brindarle protección.
El refugio elegido estaba muy cerca del lugar donde habían ocurrido los hechos
Rodríguez permanecía a unos cuatro kilómetros de la vivienda familiar donde habían ocurrido los abusos. El domicilio elegido tenía una ubicación estratégica, próximo a la Ruta Nacional 12 y con buena visibilidad sobre la carretera. Además, había un monte cercano al que podía escapar rápidamente si aparecía algún movimiento que despertara sospechas o anticipara la llegada de las autoridades.
El mecanismo utilizado para avisarle era particularmente simple. Una campana instalada en el hall, junto a la puerta, funcionaba como señal de alarma. Cuando sonaba, Rodríguez sabía que debía abandonar la vivienda y esconderse en el monte. Después, una vez pasado el supuesto peligro, recibía un aviso para regresar. La estrategia le permitió sostener su ocultamiento durante un período prolongado.
La reconstrucción policial permitió conocer que desde la vivienda podían observarse los movimientos sobre la ruta y detectar la presencia de personas desconocidas. Ante cualquier señal considerada riesgosa, se activaba la alerta. Los agentes se sorprendieron por la sencillez del dispositivo y por el resultado del mecanismo para mantener a la mujer lejos de los controles y de una posible captura.
La denuncia de una docente fue el comienzo de una investigación que terminó en condenas
La causa había comenzado en 2014, cuando una docente de la escuela a la que asistían las hijas de Rodríguez detectó irregularidades y dio aviso al Copnaf. Las niñas tenían entonces 13 y 10 años. La intervención derivó en una denuncia policial y en la actuación del entonces fiscal auxiliar Pablo Obaid, mientras los testimonios posteriores permitieron avanzar sobre lo ocurrido.
Las víctimas declararon mediante Cámara Gesell y sus relatos permitieron reconstruir que los abusos eran sistemáticos. Según la investigación, sucedían en una casilla de madera ubicada a unos 50 metros de la vivienda familiar, donde residía Juan Flores, quien se presentaba como curandero. La fiscalía sostuvo que “Amparito” colaboraba material y moral para que los hechos pudieran concretarse.
Por el hecho, Flores fue condenado a 19 años de prisión por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, integrado por los jueces Arturo Exequiel Dumón, Alicia Vivian y Mariano Martínez. Murió en 2017, mientras cumplía la pena en la cárcel. Rodríguez recibió una condena de 20 años como cómplice, dictada el 13 de mayo de 2016, aunque antes de que aquella sentencia quedara firme, se fugó.
Lo cierto es que al detectarse la huida, el 1° de diciembre de 2016 la Justicia ordenó su captura y la medida fue comunicada a la Policía de Entre Ríos, a las Fuerzas Federales, Tribunales electorales y Migraciones. Incluso su nombre había sido incorporado al registro de “Los Más Buscados” del Registro Nacional de Reincidencia del país, donde a la fecha seguía figurando.
Recordemos que durante varios años, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 20 millones de pesos mediante el programa Buscar para quienes aportaran información que permitiera localizar a Rodriguez. Ahora, con la detención, de “Amparito”, después de casi una década de búsqueda, la Justicia deberá definir los pasos para hacer efectiva la condena.