Llega a su fin el juicio contra Ignacio Martín, el joven de 22 años acusado de simular ser médico durante la pandemia de Coronavirus, en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Río Cuarto. Este lunes, la fiscal del caso pidió nueve años de prisión.
Martín atendió a una centena de pacientes sin tener los conocimientos para hacerlo, según determinaron los investigadores. Las actuaciones frenaron el 4 de febrero del 2021 cuando, con un gran cimbronazo provincial, fue detenido en su casa de barrio Zumarán.
Desde allí, el joven se encuentra preso desde hace dos años y está imputado de: homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documentación privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada continuada y defraudación calificada en grado de tentativa.
En su momento, el joven señaló que informó a las autoridades que no era profesional pero que luego, presuntamente avalado por los funcionarios, comenzó a presentarse bajo esta profesión.
La condena que pidió la fiscal para Ignacio Martín, el médico falso del COE
Este lunes, la fiscal de Cámara del Crimen de Río Cuarto, María del Rosario Fernández López, solicitó nueve años de cárcel para el médico falso del COE. Sin embargo, los alegatos se reanudarán el próximo 4 de septiembre debido a problemas de salud de uno de los integrantes del tribunal.
Sobre la muerte de Nicolás Bertol (29), paciente al que atendió el joven en su domicilio de Río Cuarto, la fiscal remarcó que se encuentra “con un claro supuesto de dolo eventual se representó el resultado de muerte como posible y aún así ignorándolo continuó con su obrar”.
“Los elementos de prueba tienen la suficiente capacidad para denotar que Martín conocía el grave peligro de su accionar y que accedió a un conjunto de datos que le permitían percatarse del cuadro de salud que presentaba Nicolás Bertol cuya atención le había sido asignada en su carácter de jefe de médico del COT en la errónea creencia que había logrado instalar”, continuó.
La fiscal de Cámara agregó que “quedó fehacientemente acreditado que el imputado nunca cursó la carrera de medicina ni había culminado sus estudios como técnico superior de emergencias médicas”.
Y destacó que las pruebas recolectadas y presentadas “demuestran el desprecio por el resultado de la desidia con la que actuó a sabiendas de que afrontaba una situación de elevada peligrosidad que permite atribuirle al acusado su accionar a título de dolo eventual”.
