En paralelo al debate sobre la responsabilidad penal en los tribunales de Villa Dolores, el juicio contra el exlegislador Oscar González sumó un apartado de impacto económico. Las tres actoras civiles del proceso presentaron demandas indemnizatorias conjuntas por una cifra multimillonaria.

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El planteo judicial apunta contra el histórico dirigente político y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Por este motivo, un eventual fallo condenatorio podría impactar sobre los recursos públicos provinciales.

Según confirmó el abogado defensor Eduardo Santiago Caeiro, el monto total asciende a aproximadamente $11.776 millones. La cifra equivale a unos 7,7 millones de dólares al tipo de cambio oficial del 8 de septiembre.
Caeiro cuestionó la magnitud de las demandas presentadas por las querellas y calificó la pretensión económica de las víctimas como “desproporcionada”. La defensa anticipó que objetará los montos solicitados y los elementos utilizados para fundamentar el pedido.
Un pedido sujeto a evaluación judicial
La pretensión responde al reclamo por el trágico siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres. En el choque falleció la docente Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas las adolescentes Marina Szulewicz y Alexa Miranda.

Desde la defensa precisaron que los $11.776 millones representan una aspiración de las demandantes y no una suma determinada por la Justicia. En la información suministrada no se detalló la identidad ni el monto específico que exige cada una.
El tribunal deberá analizar los fundamentos, la prueba producida y los documentos de las partes antes de resolver si corresponde resarcimiento. A la suma requerida podrían agregarse intereses acumulados desde 2022 y las costas del proceso.
El tramo penal y el pedido de prisión
En el plano penal, la causa también ingresó en su fase decisiva luego de 10 audiencias de debate. La fiscal Analía Gallaratto solicitó una pena de 3 años y 10 meses de prisión efectiva para González por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.
La acusación pública sostuvo que el exlegislador invadió el carril contrario a exceso de velocidad con una camioneta provista por el Estado. Además, la Fiscalía solicitó una inhabilitación de 10 años para conducir vehículos.
En contrapunto, los abogados querellantes reclamaron una condena de 10 años de prisión al entender que existió dolo eventual. Familiares de las víctimas expresaron su disconformidad con el planteo fiscal y tildaron el pedido de insuficiente.
Definición inminente en los tribunales
Por su parte, la defensa liderada por el abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini presentará sus alegatos el 28 de septiembre. El equipo defensor adelantó que sostendrá la absolución total del imputado.

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El juez Santiago Camogli resolverá el caso y dará a conocer la sentencia definitiva durante el mes de octubre. La resolución fijará la responsabilidad penal de González y determinará si corresponden resarcimientos económicos.

