Ciudad a ciudad, Argentina en red
| jueves, 20 de agosto de 2026
La investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba derivó en un fuerte conflicto legal fuera de los tribunales de instrucción. El abogado penalista y exconcejal Ricardo Moreno presentó querellas por injurias y demandas civiles contra tres reconocidos periodistas de alcance nacional y local.
Moreno argumentó que las coberturas periodísticas dañaron severamente su prestigio profesional y lo forzaron a renunciar a su banca en el Concejo Deliberante. Las presentaciones judiciales, patrocinadas por el abogado Manuel Calderón Meynier, apuntan contra los periodistas Tomás Méndez, Alejandro Pueblas y Juan Federico.
Según la acusación compartida por Perfil Córdoba, los informes periodísticos lo presentaron falsamente ante la sociedad como “integrante de un sector oculto y vergonzante”. El letrado considera un agravio que lo vincularan con estructuras criminales y con el entorno de Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio.
Moreno aclaró que su único vínculo con el imputado fue la militancia política y sindical desarrollada dentro de un mismo espacio partidario. Asimismo, recordó que ejerció su defensa técnica en una causa anterior y ajena al crimen, lo cual constituye una actividad lícita garantizada constitucionalmente.
La demanda económica global asciende a los 30 millones de pesos y se distribuye según la gravedad de las afirmaciones de cada comunicador. El reclamo más elevado es contra Tomás Méndez (Canal 9 y Crónica TV), a quien le exige 15 millones de pesos por acusarlo de financiar campañas con fondos espurios.
Por su parte, la querella contra Alejandro Pueblas (América TV) es de 11 millones de pesos, luego de que el cronista lo señalara como corresponsable de la muerte. Finalmente, le reclama 4 millones de pesos a Juan Federico (Cadena 3) por exhibir imágenes suyas asociadas al narcotráfico.
El patrocinante de Moreno, Calderón Meynier, justificó la medida afirmando que la libertad de expresión tiene un límite cuando se difunden hechos falsos. “La libertad de expresión no es un derecho absoluto y su límite aparece cuando el periodismo tergiversa o difunde como ciertos hechos que considera falsos”, remarcó.
Las demandas ya fueron sorteadas y serán tramitadas en distintas Cámaras del Crimen con competencia correccional en la ciudad de Córdoba. Mientras tanto, el expediente principal del femicidio de la adolescente que tenía 14 años al momento del hecho continúa su curso con seis detenidos y bajo secreto de sumario parcial por decisión del fiscal Raúl Garzón.
Redacción Vía Córdoba