Un bombero acusado de abuso sexual de menores en Córdoba volvió a la cárcel por un grave motivo
La Justicia de la provincia allanó el domicilio en La Playosa y corroboró incumplimiento de requisitos que se le habían solicitado.


Rodrigo Santi es un exbombero de 31 años de la localidad de La Playosa, quien había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria tras haber confesado la comisión de abuso sexual de menores en Córdoba. Recientemente, volvió a la cárcel por graves motivos.

Los familiares de las víctimas habían denunciado que el sujeto infringió parte de los requisitos que debía cumplir. Su abogado, José Corigliano explicó que algunos eran el no acceso a internet ni la utilización de un celular.

A raíz de la manifestación de las familias querellantes, la Policía de la localidad donde reside Santi allanó su domicilio. Según Corigliano, los efectivos encontraron una caja de celular nuevo con múltiples blíster de chips.
Sin embargo, uno de ellos no estaba en su lugar y los efectivos le preguntaron por este y él dispositivo. El exbombero de la provincia de Córdoba argumentó que eran de su madre y que el celular no estaba en la residencia.
Finalmente, tras una minuciosa requisa, encontraron el aparato con el chip dentro de un compartimiento de una aspiradora que estaba guardada en su respectivo empaque. Ante este escenario, se dispuso su regreso a la cárcel.
El pedido de prisión domiciliaria contra el acusado de los delitos de abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal y grooming surgió a raíz de un certificado emitido por un perito médico privado. Luego de un tiempo en el centro carcelario, le diagnosticó un cuadro de “depresión y melancolía”.
Ante las críticas de la comunidad de La Playosa, familiares de las víctimas y entidades que luchan contra el abuso de menores, la fiscal a cargo se había pronunciado.

Juliana Companys, en feria judicial, y le había acercado un mensaje escrito a Cadena 3, quien compartió el texto. “Se acordó una pena con la defensa en un juicio abreviado, con una condena de ocho años de prisión. El acuerdo fue enviado a la jueza de control, como indica la ley, y fue ratificado”, expresó.