"Dos balas en...": la amenaza que preocupa tras el cierre de Wachitas Bar en Córdoba
El episodio se produjo en medio de los cambios impulsados tras el femicidio de Agostina Vega.


El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, denunció una serie de amenazas y presiones contra funcionarios municipales vinculadas a los controles sobre locales nocturnos de la ciudad.

La situación alcanzó un punto crítico cuando, según reveló, el presidente del Ente de Fiscalización y Habilitaciones encontró dos balas sobre su escritorio después de avanzar con clausuras en distintos establecimientos.
El hecho ocurre en un contexto de fuerte tensión tras el femicidio de Agostina Vega, un caso que impulsó cambios profundos en los sistemas de control y habilitación de la capital provincial.
En diálogo con El Doce, Passerini aseguró que las intimidaciones comenzaron a medida que el municipio profundizó los controles sobre sectores de la noche que durante años funcionaron con escasa supervisión.

Según explicó, el objetivo de la actual gestión fue convertir la fiscalización en una herramienta vinculada a la seguridad pública y no únicamente a cuestiones administrativas. Como resultado, el número de clausuras pasó de 90 a 700 desde la creación del ente específico el año pasado.
"Al presidente del ente de fiscalización le pusieron dos balas arriba del escritorio", afirmó Passerini al referirse a las amenazas recibidas luego de intervenir sobre distintos locales cuestionados por irregularidades.

Para el mandatario, estos hechos reflejan la existencia de intereses económicos afectados por los controles y la decisión municipal de avanzar sobre espacios que históricamente habían permanecido al margen de las inspecciones más rigurosas.
Uno de los puntos centrales de la discusión pública es la situación de Wachitas Bar, que quedó bajo la lupa tras el femicidio de Agostina Vega. El principal acusado por el crimen, Claudio Barrelier, era empleado municipal y el caso derivó en cuestionamientos sobre los mecanismos de control en distintos espacios de la noche cordobesa.
Passerini sostuvo que la normativa actual presenta limitaciones para impedir que determinados establecimientos continúen operando pese a reiteradas infracciones. "Tuvimos que hacer tres clausuras en el lapso de tres años para poder darle la revocación definitiva", explicó el intendente.
Ante esta situación, el Ejecutivo municipal enviará al Concejo Deliberante dos proyectos destinados a reformar los sistemas de habilitaciones y espectáculos públicos.
Las iniciativas contemplan la creación de un registro público de locales nocturnos y la posibilidad de aplicar sanciones que alcancen no solo a los explotadores comerciales, sino también a los propietarios de los inmuebles donde funcionan estos emprendimientos.

Según Passerini, el objetivo es evitar que negocios clausurados vuelvan a abrir bajo otra razón social o mediante mecanismos considerados evasivos.
La estrategia municipal también incluye una revisión interna de las áreas de control. El intendente informó que 119 agentes fueron apartados y detenidos en investigaciones vinculadas con irregularidades administrativas. Además, señaló que gran parte de esos trabajadores había ingresado a la planta municipal entre 2003 y 2007.
Paralelamente, la Unidad Ejecutora Mixta inició una auditoría sobre más de 7.000 habilitaciones vigentes en la ciudad. El proceso tendrá una duración estimada de 90 días y buscará fortalecer los mecanismos de transparencia, control y prevención.

La iniciativa incluye declaraciones juradas obligatorias para inspectores y nuevos canales de denuncia destinados a agilizar las intervenciones ante posibles irregularidades en distintos barrios de Córdoba.
Luego de que se empezó a asociar al bar con el caso de Agostina, desde Wachitas emitieron un comunicado en el que negaron cualquier vinculación con el crimen. “El bar Wachitas Bar no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes”, expresaron.

También aseguraron que las personas señaladas en redes sociales no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento y remarcaron que colaboraron con las autoridades durante las actuaciones realizadas en el local.