Las organizaciones sostienen que alrededor del 76% de la traza se realizará sobre bosque nativo de máxima conservación.


Organizaciones ambientales de Córdoba manifestaron este jueves su rechazo al proyecto del gobierno provincial para la construcción de una autovía de montaña en localidades del Valle de Punilla, al sostener que alrededor del 76% de la traza se realizará sobre bosque nativo que está catalogado como de máxima conservación.

Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, manifestó que hay “mucha preocupación” entre los vecinos de Punilla y en las organizaciones ambientales por el avance de la obra “sin audiencia pública y sin los estudios de impacto ambiental que representen la diversidad de toda la traza” de la autovía.

Kopta precisó que la preocupación mayor tiene que ver con la traza de los 14,3 kilómetros entre la variante Costa Azul de la Comuna San Roque y la ciudad de Cosquín que significa que “el 76% del tramo va a atravesar bosque nativo en Categoría Rojo”.

“Es una zona de máxima conservación, por lo tanto debe ser protegida y no depredada”, consideró el ambientalista.

Asimismo cuestionó que hasta el momento el gobierno no haya presentado el proyecto completo de la obra, cuando en realidad “lo que se necesita es un estudio integral de impacto ambiental, y no por tramos2.

La abogada Marcela Fernández, quien representa a los vecinos y ambientalistas, manifestó que el gobierno de la provincia se respalda solamente en un estudio técnico de prefactibilidad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para realizar la obra y no en un estudio ambiental, tal como establece la ley.

La letrada también dijo que en la Justicia se presentó un recurso de amparo, aún sin resolución, sobre el primer tramo de la obra, y anticipó que va a ampliar ese instrumento legal hacia los restantes tramos proyectados.

“El Gobierno está ocultado los efectos ambientales de una obra de gran magnitud”, dijo Fernández, quien advirtió sobre los serios riesgos que representa sobre la reserva de un yacimiento que contiene alrededor de 10 mil toneladas de uranio, una de las mayores acumulaciones uraníferas de Argentina, según relevamiento del Foro Ambiental Córdoba.

El gobierno de Córdoba evidenció la decisión de avanzar en el proyecto al publicar en el Boletín Oficial el decreto que habilita el financiamiento de alrededor de 4.000 millones de pesos para la ejecución de la obra.




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