Bancarios de Córdoba y un enérgico rechazo a la reducción de haberes jubilatarios

Es impulsado por el Gobierno provincial y lo consideran "incostituicional". Advierten que iniciarán acciones gremiales y judiciales.

La Asociación Bancaria irá a la Justicia por el recorte de un 10% en las jubilaciones.
La Asociación Bancaria irá a la Justicia por el recorte de un 10% en las jubilaciones.

Mediante un comunicado, las cinco seccionales de la Asociación Bancaria de Córdoba manifestaron su "enérgico rechazo" a la reducción y postergación de los haberes jubilatorios impuestos por el gobierno de la Provincia de Córdoba.

Lo consideran "inconstitucional, ilegal, arbitrario y discriminatorio", sustentado en el art. 53 de la ley 8024, en continuidad con "la nefasta ley 10.333 que ya tiene miles de acciones judiciales".

Vale recordar que la medida se da tras el nuevo tope fijado por la decisión del gobernador Juan Schiaretti de rebajar por cuatro meses su salario, en el marco la pandemia por el coronavirus.

Las delegaciones de la Bancaria de Córdoba; San Francisco, Villa María, Río Cuarto y Marcos Juárez, indican que tal medida es inconstitucional porque viola de manera flagrante el art. 57 de la Constitución Provincial, que asegura que las jubilaciones y pensiones son móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad.

E ilegal porque transgrede el art. 53 de la ley 8024, en virtud de que no se configura el requisito allí establecido. Es decir: no se realiza una reducción del sueldo del Gobernador, sino que se trata de un monto voluntario que él mismo realiza por cuatro meses a modo de aporte como ayuda a la pandemia.

"Es discriminatorio –continua el comunicado- porque excluye sin fundamento alguno al Poder Judicial, no previsto en el artículo que cita, lo que hace presuponer que necesitan del amparo de la Justicia para frenar la inevitable cadena de acciones por inconstitucionalidad o amparos por parte de los jubilados afectados.

En consecuencia, las cinco seccionales resuelven declarar el estado de alerta permanente e iniciar las acciones gremiales y judiciales correspondientes.