Tomás López
La causa que investiga el proceso de licitación de la obra del Paseo del Bajo dio un paso hacia adelante. Es que la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires determinó el sobreseimiento de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno, y de Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte.
La decisión, en consonancia con lo que había dictado Claudio Bonadio, fue tomada por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Justificaron su resolución ante “la inexistencia de una maniobra tendiente a favorecer a una de las contratistas (N.de.R: lecsa, a cargo de Angelo Calcaterra), causándole un perjuicio patrimonial al erario público”.
Tanto Rodríguez Larreta como Dietrich fueron imputados por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes funcionarios público tras adjudicarse uno de los tramos de la obra de la firma en cuestión.
En este sentido, la fiscal María Alejandra Mángano y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ya se habían mostrado en desacuerdo en febrero del año pasado ante un eventual sobreseimiento.
Más detalles sobre la investigación
A finales del 2018 se realizó una denuncia contra la gobernación de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, a quienes culpaban de una supuesta manipulación de la licitación.
En este sentido, se investigó el proceso de adjudicación del Paseo del Bajo, del cual habría sido beneficiada lecsa. Esta tiene línea directa con la familia Macri. Es que correspondía a Angelo Calcaterra, su primo, la cual, posteriormente, perteneció a Marcelo Mindlin.
Según la pesquisa realizada por Mangano y la PIA, la obra fue presupuestada por más de cuatro mil millones de pesos.
Sergio Rodríguez hizo su demanda luego de observar un informe de la Auditoría General de la Ciudad al notar algunas “anomalías”. Detalló la “adjudicación indebida mediante direccionamiento, a un mayor precio del que hubiera correspondido, del tramo más oneroso de la licitación pública internacional para la Obra del Paseo del Bajo a la empresa Iecsa”.
De esta manera, la Auditoría remarcó que esa supuesta manipulación hizo que lecsa se adjudicara el “tramo C” del mismo. Con los 4.480 millones de la moneda local se construiría el sector que va desde la avenida Córdoba hasta Casa de Moneda.
Los fiscales de la causa sostuvieron que la decisión de Bonadio antes de morir fue apresurada y agregaron que, frente a la documentación secuestrada, podrían profundizar la investigación.