Este viernes, el Gobierno nacional hizo oficial el llamado para la conformación del Comando General Electoral y abrió así el panorama elecciones de este año, pese a la pandemia de coronavirus y la llegada de la segunda ola de contagios.
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El decreto 283/2021 fue publicado en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; de su par de Defensa, Agustín Rossi; y de Seguridad, Sabina Frederic.
El Comando Electoral, según indica el articulo 1°, fue creado “a los fines de la custodia de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y las Elecciones Generales a celebrarse en el año 2021″, y dependerá del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
En el mismo se autoriza al Ministerio de Defensa a designar al o a la Comandante General Electoral, el que a su vez, designará a los o a las Comandantes de cada Distrito Electoral y dependerán de él o de ella a partir de su designación. El Comando General Electoral “tendrá a su cargo las funciones de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad que establece el Código Nacional Electoral”, puntualiza el texto.
También se encargará de las acciones “destinadas a facilitar la observancia de las demás disposiciones legales vinculadas con los actos comiciales de las PASO y las Elecciones Generales”. ”En particular, la vigilancia de los locales donde funcionen las mesas receptoras de votos, de las sedes e infraestructuras destinadas al ingreso y procesamiento de datos para el recuento provisional del resultado que realiza la Dirección Nacional Electoral”, indica la norma.
En este sentido, vigilará “el escrutinio definitivo en las sedes de los Juzgados Federales con Competencia Electoral y Juntas Electorales Nacionales de cada distrito, la custodia de las urnas así como la documentación durante su transporte y hasta la finalización del escrutinio definitivo en cada distrito”.
La seguridad en las elecciones
En tanto, el Ministerio de Defensa subordinará el personal que se requiera de las fuerzas militares, mientras que la cartera de Seguridad controlará a los efectivos de la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria.
Los Comandantes designados en cada distrito deberán informar a los Juzgados Federales con competencia Electoral y a las Juntas Electorales Nacionales del respectivo lugar, sobre “las novedades del despliegue, desarrollo de la elección y el repliegue de los materiales y documentación electoral”. De acuerdo a lo indicado en el decreto se establecerá un mecanismo de información en tiempo real con la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral.
La movilización de los efectivos afectados a los operativos de seguridad electoral se extenderá desde los cinco días previos a las elecciones y hasta la finalización del escrutinio definitivo en cada distrito.
Se indicó que ante la eventual necesidad de servicios de seguridad para la custodia de material o documentación electoral que fuera parte de eventuales recursos judiciales pendientes de resolución que exceda de la fecha mencionada deberá cubrirse con efectivos de custodia de los Juzgados Federales con competencia Electoral.
La cobertura de los objetivos de custodia comenzará a las 8 del día previo a cada elección y deberá permanecer en forma permanente hasta el repliegue del material y la documentación electoral.
Los plazos para convocar a elecciones
Según establece la ley electoral, el Gobierno tiene plazo hasta aproximadamente el 10 de mayo para convocar a las elecciones primarias (PASO), si la intención es que se celebren el 8 de agosto.
No obstante, el Gobierno y las principales fuerzas de la oposición mantienen conversaciones para postergar tanto las PASO como las elecciones generales por un mes. Sin embargo, si hay un acuerdo político para reprogramar el calendario debe ser refrendado por el Congreso.
Cabe recordar que Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que afirma que se acompaña “el corrimiento del cronograma” electoral, a la vez que se pide la inclusión en el proyecto de una cláusula que cierre la posibilidad de hacer nuevos cambios de fechas.