Florencia Orzanco
Luego de cuatro meses de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un juez de la localidad de Mar del Plata ordenó al Estado Nacional que suspenda la aplicación de la Ley 27.610, por considerar que viola la “protección integral de la vida desde la concepción”. En consecuencia, el Gobierno apelará la decisión.
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En la sentencia, el juez federal Alfredo Eugenio López ordenó no solo la suspensión de la Ley 27.610 sino también del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo.
La resolución presentada por Héctor Adolfo Seri, quien es representado por el abogado Mauro D’Ipólito Blancat, ante el juez López remite a una sentencia de la Corte Suprema de 1980, según la cual “la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”.
Ante esto, el titular del Juzgado Nro 4 consideró procedente la cautelar porque la Ley de IVE y el Protocolo “afectan y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante”.
En este marco, añade que el peligro en la demora se ve cumplido en tanto “un número imponderable de niñas y niños por nacer pueden sufrir su muerte desde este mismo momento y la sentencia definitiva que se dicte en la presente acción no podrá remediar su situación en virtud del tiempo transcurrido en la sustanciación del caso de autos”.
De esta forma, concluye con que están en riesgo el derecho a la vida reconocido en la Constitución Nacional, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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La respuesta del Gobierno
Ante esto, la delegación local del INADI rechazó el fallo de López. Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que el Gobierno apelará la decisión. Dado que la ley del aborto “no solo es una norma legítima” sino que “además, tiene una solidez convencional inobjetable”.
Para la funcionaria, la IVE “no solo es una norma legítima democráticamente” sino que “además, tiene una solidez convencional inobjetable “.