"Estamos garantizando un piso del 75 por ciento de ingresos y la garantía del empleo a trabajadores cuyas actividades están paradas producto de la cuarentena". Héctor Daer, co-secretario general de la CGT, defendió el acuerdo alcanzado por la central sindical, la Unión Industrial Argentina y el gobierno nacional, para enfrentar la crisis económica consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la emergencia del COVID-19. "No es una rebaja (salarial)", insistió Daer.
El ministerio de Trabajo dio el visto bueno al acuerdo arribado entre la CGT y la central empresarial, que regirá para abril y mayo y contempla el compromiso empresarial de no reducir personal. Las empresas se comprometen a pagar un piso del 75 por ciento del salario de los trabajadores suspendidos.
Para la cúpula de la CGT se trata de optar por un mal menor. "Con esto se evitan despidos", dicen en la dirigencia sindical.
La semana pasada, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había dado el marco en el que el gobierno cree que se debe desarrollar el conflicto laboral: "tenemos que evitar que se rompan los contratos de trabajo y se destruyan las unidades productivas", dijo en la conferencia de prensa que dio junto a su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al anunciar que el Estado asumirá en este período de crisis el pago de la mitad de los salarios de las empresas en crisis.
En Trabajo habían avisado que homologarían suspensiones que contemplaran una rebaja salarial "del 20 al 25 por ciento". Un funcionario dijo a Vía País que ese porcentaje "equivale a lo que gasta el trabajador en su movimiento diario de ir al trabajo".
"El acuerdo genera certidumbre en la nebulosa. Obliga a sostener la fuente de trabajo", explicó Daer. En la CGT entienden que el acuerdo garantiza "un piso de ingresos" para el trabajador suspendido.
En el Ministerio de Trabajo ven como un instrumento válido para sortear la crisis, el amparo que las empresas encuentran en el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo para suspender trabajadores. También lo apuntó el ministro Moroni la semana pasada: el gobierno no se opondrá a los acuerdos hechos bajo el 223 bis, aun cuando implique rebajas salariales. Y se remarca: “lo peor es que se destruya el empleo”.
La CGT, la UIA y el gobierno confían en que una salida paulatina de la cuarentena permitirá recuperar gran parte de la actividad económica en crisis desde mediados de marzo pasado, cuando empezaron las restricciones a la circulación de la gente. "Si de acá a junio mejora la situación frente a la pandemia, la preservación del empleo habrá sido fundamental para encontrar una salida", dice Daer.
"Los trabajadores que tengan sus actividades suspendidas tienen que cobrar al menos el 75 por ciento del salario y mantener el empleo. Esto es el resultado de un acuerdo tripartito con el Gobierno y los empresarios", agregó el secretario general del sindicato de la Sanidad.
En este contexto, por la tarde, la Unión Obrera Metalúrgica firmó con la cámara empresaria del sector (ADIMRA) un acuerdo para que los trabajadores suspendidos cobren el 86 por ciento de su salario. El acuerdo regirá por hasta julio pero podrá ser renovable si continúa la cuarentena. Antonio Caló, secretario general de la OUM, estuvo entre los sindicalistas que firmaron el acuerdo con la UIA.
El ministro Kulfas estima que cerca de 450 mil empresas ya se anotaron en el programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP). "Dos de cada tres empresas argentinas precisan ayuda para pagar los suelos", dijo. Hasta la semana pasada, el Estado había auxiliado a 160 mil Pymes inscriptas en el ATP a pagar una parte del salario.
Daer procuró dejar en claro su posición: "No hablamos del salario sino de una percepción por suspensiones; por eso no es una rebaja de salario".
"Se busca evitar que empresas atosigadas por la situación de parálisis bajen la persiana", dijo Daer, en sintonía con la posición del gobierno de Alberto Fernández de "preservar el empleo".
Daer aclaró que los trabajadores de empresas que no están en crisis “cobrarán el salario completo”.
El dirigente sindical dijo que en junio, mes en que vence el decreto que estableció una doble indemnización en caso de despidos injustificados, “habrá que evaluar la situación” para ver si se prorroga o no.
Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN (estatales), dijo que el acuerdo con la UIA “marca un piso (75 por ciento del salario) porque muchos sindicatos pequeños no tienen fuerza para negociar. La otra opción es que las empresas salgan a despedir gente”, explicó.