Un acuerdo económico y social será uno de los pilares del nuevo Gobierno. Las posiciones iniciales son distantes, porque la crisis golpeó a todos. El éxito o fracaso dependerá en gran medida del diálogo político.


El devenir económico de la Argentina ha demostrado que no es aplicable en el país el concepto básico de la elasticidad de la demanda con correlación directa con los precios. El espejo muestra la situación actual: una severa estanflación. La gente compra menos, pero los precios suben.

Esto ocurre en un contexto de variables sensibles que están presas en un calabozo de cuatro paredes: inestabilidad, desconfianza, incertidumbre y escasez de recursos. Variantes que estructuran expectativas negativas por lo actual y lo que viene. La pregunta es: ¿Por dónde se empieza a corregir? Esa es la batalla política que se viene.

En este escenario desembarcarán el 10 de diciembre el presidente electo Alberto Fernández y su equipo económico. Hacia allí van con un plan inicial: un acuerdo económico y social. Esto es, un pacto de precios y salarios. La CGT quiere recomposición de ingresos. El empresariado advierte que primero hay que estabilizar la economía, crecer y en paralelo programar una política de ingresos.

El escenario de partida es muy complejo. Hay un año y medio de recesión. La inflación está en ascenso y podría terminar 2019 en 57%. Y los salarios ya cayeron 7,2% promedio en términos reales sólo en los últimos doce meses hasta agosto. En el gobierno electo aseguran que la baja desde enero de 2016 será del 23%.

El plan que diseñan Matías Kulfas y Cecilia Todesca Bocco tiene dos etapas: la primera, por seis meses, coordinar expectativas a la baja, con salarios y precios que suban uniforme, de a un 2% mensual. Eso, dicen, irá aceitando el mercado interno. La segunda, para completar el año, que los salarios suban apenas por encima de los precios. Esto, aseguran, dinamizará la demanda.

Hablan de establecer “pautas para gestionar aumentos salariales”. Trazar planes de aumento de la productividad. Y con acuerdos sectoriales para el reparto de ganancias entre los trabajadores para el mediano y largo plazo a partir de un nivel determinado de rentabilidad. Con esto, dicen, se recuperará la confianza y se dará certidumbre a trabajadores (lo que aportará a la contención social) y a los inversores.

En la CGT hay urgencia. Héctor Daer, secretario general e interlocutor de Fernández, asegura: “Los empresarios tendrán que postergar rentabilidad para poder salir adelante”. Y Sergio Sasia, líder de la Unión Ferroviaria, da precisiones: “Se buscará una equiparación con la inflación de los sectores más postergados”, es decir, los rubros en los que más cayeron los salarios. El viernes próximo la CGT recibirá a Fernández para acelerar la propuesta.

Diego Coatz, economista jefe de la Unión Industrial Argentina, asegura que la entidad está abierta al diálogo de todos los temas y expectante para avanzar. Hasta ahora la central fabril no conoce en detalle cómo es el plan de Fernández. Y si bien hay voluntad, hay algunos reparos de origen. La carta que analizan Kulfas y Todesca es una rebaja escalonada de impuestos para las pymes de acuerdo al nivel de facturación. Con eso, dicen en el Gobierno electo, habrá mayor margen de negociación con los empresarios.

“El acuerdo de precios y salarios sería la consecuencia de un proceso, no el punto de partida”, dice Coatz. Y refleja lo que anticiparon Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, líderes de la entidad. De base hay que edificar un acuerdo político, pero antes hay que conocer el programa económico de la próxima gestión.

Coatz agrega que ese acuerdo político debe darse con una mirada “integral” y “consistente” con el mediano y largo plazo. Primero hay que estabilizar el tipo de cambio y levantar restricciones, bajar tasas de interés y el riesgo país. Eso, dice, determina el costo de producción y distribución y forma expectativas, por lo que hay que “gobernar” para estabilizar.

Luego o en paralelo, indica el economista, se dará el diálogo por ver cómo se instrumenta un entendimiento que frene la carrera entre precios y salarios. Reconoce que esto es crucial para ayudar a bajar la inflación mientras el Gobierno ordena las variables macroeconómicas y avanza en poner en caja el frente fiscal, con la friolera de la deuda.

Así, todas las partes están dispuestas a dialogar para buscar una salida. Los puntos de partida son distintos, pero no irreconciliables. Dependerá del nuevo gobierno poder hacer funcionar este sensible aparato de relojería con tensiones implícitas.




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