El gobierno de Mauricio Macri propondrá modificar el marco normativo para los alquileres, con el fin de facilitarles el acceso a la vivienda a quienes no son propietarios y otorgarles previsibilidad a inquilinos y locatarios. Pero el asunto no se debatirá en el Congreso sino hasta después de las elecciones presidenciales, que se realizarán dentro de un mes.
Según pudo saber Vía País, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo está a la firma del Presidente y será enviado a la Cámara de Diputados en los próximos días, para ser discutido en la comisión de Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky (PRO).
Sin embargo, no llegará al recinto antes de los comicios: la campaña mantiene narcotizada desde marzo la actividad del Congreso y no hay clima ni voluntad de abrir el recinto, ni en el oficialismo ni en la oposición.
De todas maneras, Lipovetzky ya tiene presentada una iniciativa similar a la del Gobierno, inclusive trabajada con sus funcionarios, y por eso considera que, aunque el Ejecutivo aún no haya enviado la suya y mientras se transitan los últimos 30 días antes de las presidenciales, la discusión de la ley podría empezar en los próximos días al menos en la instancia de asesores.
Además, hay numerosos proyectos de ley de Alquileres ya presentados por la oposición. Por ejemplo, uno del diputado peronista Felipe Solá, que preside la comisión de Vivienda de la Cámara Baja.
De hecho, oficialismo y oposición lograron consensuar y dictaminar un proyecto a fines del año pasado, pero el proyecto no llegó al recinto y perdió estado parlamentario.
Macri lo excluyó del temario de sesiones extraordinarias por sugerencia del entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien consideró que en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no había que hacer ningún tipo de ruido intervencionista.
Ese argumento, que convenció solamente a Macri, indignó a los diputados de Cambiemos, que se quejaron de que así se habían perdido la oportunidad de anotarse una victoria política en plena crisis económica y después de tener que defender medidas y políticas impopulares del Gobierno.
Diferencias
En diálogo con este diario, Lipovetzky señaló que ya está en conversaciones con diputados de la oposición, que consideran que es necesario avanzar con un proyecto que eche claridad a los contratos para que no haya abusos de posición dominante y que se rijan al amparo de una ley nacional, sin perjuicio de las legislaciones provinciales.
El proyecto de Lipovetzky tiene dos diferencias con el del Ejecutivo. Una, sobre la actualización del monto del alquileres: ambos proponen que sea según una fórmula que combina los índices de inflación y de salarios, pero el diputado quiere que esta fórmula se aplique a contratos de hasta 1.000 UVAs (41.100 pesos, al valor UVA de ayer) y el Gobierno, hasta 650 UVAs (26.715 pesos).
La otra diferencia es sobre la duración del contrato de alquiler, que Lipovetzky pretende estirar a tres años como mínimo, desde los actuales dos, y el Gobierno propone fijar en dos años con una prórroga automática por un año más con las mismas condiciones, con el fin de evitar gastos de renovación.
El punto de conflicto
Para Lipovetzky, la "gran discusión" del asunto será "quién paga la comisión inmobiliaria", que en los proyectos del Gobierno y suyo se establece que debe correr por cuenta del propietario, mientras que "las cámaras inmobiliarias plantean que debe ser compartido".
"Creemos que el rol de las inmobiliarias es importante y que su trabajo desde ya que debe ser remunerado, pero por el propietario, no el inquilino. El inquilino ya tiene altísimos costos para ingresar a la vivienda, tales como los meses de depósito, que nosotros proponemos que sea solo uno; el alquiler del primer mes por adelantado, además la mudanza, etcétera. Establecer que la comisión inmobiliaria la pague el propietario ayudará a que más personas accedan a una vivienda, que es un derecho que debemos garantizar", dijo Lipovetzky en diálogo con este diario.
El proyecto del Gobierno establece algunas novedades respecto de la situación general.
Una de ellas es que los contratos deberán ser declarados ante la AFIP, obligación que deberá ser cumplida por el inquilino o por el propietario.
Contra la morosidad, promueve los procedimientos judiciales abreviados: el desalojo no podrá sustanciarse en más de 90 días.
Además, se establecen ámbitos de mediación para la resolución de conflictos derivados de los contratos de alquiler y se crea el Programa Nacional de Alquiler Social, enfocado en darle acceso a una vivienda a personas en situaciones de vulnerabilidad y de violencia de género.