Fueron imputados y recibieron prisión preventiva dos presuntas integrantes de la banda narcocriminal Los Monos, acusados de cometer una serie de balaceras, amenazar, extorsionar y usurpar viviendas.
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Este martes se llevó adelante la audiencia imputativa a B.A.L y G.V.A por el delito de asociación ilícita en calidad de miembros. Los Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le atribuyeron a ambas haber formado parte de una asociación ilícita desde marzo de 2020 hasta el presente, liderada por el Ariel “Guille” Cantero y organizada por Leandro V., Marcos Jeremías M.C, Hector Daniel N., y Pablo Nicolás C., y con varios integrantes.
El objetivo de la misma era obtener dinero de forma ilícita mediante el uso de la violencia. Para eso cometían amenazas, usurpaban domicilios, atacaban a tiros y mataban, además de traficar droga. El grupo de personas con los que las imputadas se relacionan para cometer delitos se ubica en Villa Gobernador Gálvez, y estaba integrado por cuatro personas, que reportaban a Cantero. Estos delincuentes cometieron al menos ocho extorsiones en esa localidad, dejando carteles en las viviendas y locales comerciales de una familia con números telefónicos para que se comunicaran con “La Mafia” y pagaran el dinero que les exigían.
Asimismo se cometieron otros cuatro hechos en los que diferentes miembros de la banda efectuaron disparos de arma de fuego en frentes de locales comerciales de dicha familia ocurridos el 17 y 23 de julio, 3 y 7 de septiembre, todos del año 2021. Además dispararon contra el frente de local comercial de calle Sola al 2200 de la mencionada localidad, por el que fuera imputado y está en prisión preventiva N.D.F. y B.A.R. También 30 de julio los mismos dispararon en la vivienda de calle Viña del Mar 3800 de Rosario.
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B.A.L. formó parte de la mencionada asociación ilícita, ofreciendo su vivienda a miembros de la banda para que se concentren y organicen previo a cometer los ataques. Por su parte, G.V.A. está acusada de fraccionar y vender estupefacientes, utilizando como punto de venta su domicilio. Cuando se generaban deudas por estas ventas, la misma se encargaba del cobro violento de las mismas amenazando a los morosos infundiendo temor efectuándole amenazas.
Si no lograba cobrar las deudas con las amenazas, se procedía a disparar contra los frentes de los domicilios de las víctimas. Además también envió contactos telefónicos de deudores morosos a los miembros de la organización que se encontraban detenidos, a los fines de que estos los amenacen para exigirles el pago de lo adeudado.
El juez de Primera Instancia Álvarez uvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.
