Lucas Aranda
Una de las preguntas más frecuentes en torno a los homicidios en Rosario se refiere a los proveedores de los asesinos. Luego de un gran operativo realizado la semana anterior, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó este lunes a 14 personas ligadas a las “compras de paja” de armas de fuego que sostienen el mercado ilegal.
El fiscal Gastón Ávila precisó que la mayoría de los imputados son usuarios legítimos del registro de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Lo que llamó la atención de los investigadores son las compras que hicieron con esa licencia. Así surgió un “caso emblemático” de más de 28 millones de pesos para adquirir 35 pistolas calibre 9 milímetros.
El sospechoso que aparece en este ejemplo es un trabajador en relación de dependencia con un salario de $ 600.000 y obtuvo las armas en 15 meses. Es decir, no tiene capacidad económica para financiar estas operaciones.
¿Qué son las compras de paja para conseguir armas en Rosario?
La audiencia imputativa que condujo el juez Hernán Postma expuso múltiples variaciones de las compras de paja que facilitan la tarea de sicarios, ladrones y tiratiros de Rosario. El concepto que utilizó el fiscal se refiere a los legítimos usuarios que son prestanombres para derivar armas al mercado ilegal.
Ávila advirtió que existen “vínculos aceitados” entre las personas que fueron detenidas desde la semana anterior. Así como denunció a un grupo de hermanos, también identificó a compañeros de un equipo de fútbol amateur como proveedores de los delincuentes.
El MPA comenzó a rastrear a los testaferros en la lista de legítimos usuarios de cinco o más armas de 9 milímetros. A continuación analizaron quiénes hicieron trámites incompatibles con su patrimonio y su actividad laboral.
“Hay gente que compra tres o cuatro pistolas semiautomáticas en el mismo día y no tienen ingresos para eso”, señaló el fiscal. De hecho, detectaron que a veces adquieren el mismo modelo, marca y calibre de un producto.
Después del trabajo junto al Ministerio de Seguridad de la Nación y Anmac, los investigadores identificaron a 12 titulares de más de 200 armas de fuego. Cuando la policía hizo los 29 allanamientos ordenados por la Justicia, sólo encontraron dos.
Luego de la audiencia de este lunes, Ávila anticipó una segunda etapa de la investigación. Hasta el momento evitó la imputación por asociación ilícita, pero reconoció que aún hay material por analizar para determinar la responsabilidad de las armerías y esclarecer el vínculo entre los sospechosos.