Los pueblos Mapuches de Río Negro aseguraron que la ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial de las comunidades indígenas, que impide cualquier sentencia de desalojo, no se implementó de manera concreta en la provincia.
"Ante esa lentitud, avanzan muy rápidamente los intereses de la industria petrolera, minera o inmobiliaria", dijo este viernes uno de los miembros de la comunidad Waiwen Curruf, Hugo Aranea.
En agosto se definió en Río Negro un equipo para avanzar en el relevamiento territorial porque en una primera etapa, hace varios años, se habían relevado aproximadamente un 50% de las comunidades, "pero, luego, este proceso se paralizó", aseguró el mapuche.
Aranea explicó que todo es con mucha lentitud y sin participación de los organismos del pueblo mapuche, ya que el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) "simplemente revisa y supervisa, pero no participa efectivamente en los equipos".
Además indicó que las comunidades están cansadas de reclamar cuando realizan ocupaciones efectivas de sus territorios ancestrales, "los jueces criminalizan estas acciones y no realizan la implementación de la ley nacional".
La Ley de Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena 26.160 prorrogada por la 27.400 suspendió en su artículo N°2 "cualquier sentencia que implique el desalojo de una comunidad mientras se realiza el relevamiento".
En ese marco, la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche hizo un llamado a resistir en el territorio los desalojos que pretende realizar la Justicia de la Provincia de Río Negro, y solicitaron una reunión con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para abordar los conflictos y fallos que afectan a comunidades de Río Colorado, Choele Choel, Cipolletti y San Carlos de Bariloche.