Con un amplio debate y por unanimidad los concejales aprobaron la adhesión a la ley provincial que establece la obligatoriedad de que los funcionarios del Estado deban ajustarse a estudios para demostrar que no consumen drogas ilegales.


La ordenanza aprobada contempla aspectos propuestos por Bocchicchio que reflejan mayor compromiso por parte de la clase política. El concejal Ayala propuso que el costo que demanden los análisis corran por cuenta de los funcionarios.

El proyecto de adhesión a la ley provincial de antidopaje obtuvo un amplio debate con posturas opuestas a la norma provincial y críticas al tratamiento que dado en la Legislatura.

El concejal Silvio Bocchicchio (ECoS) sostuvo que se trata de “una propuesta que no sólo tiene que ver con el consumo de drogas, sino que se admite que existe un consumo ilegal. Propongo que sea remitido a comisión para salvar la falta de debate que no tuvo en la Legislatura y que llegó al Concejo para que adhiramos sin fundamentos alguno”, dijo.

Concejo

Bocchicchio enumeró los aspectos que tornan a la ley “inaplicable” y la calificó como una normativa “hipócrita”. El concejal especificó que la ley “tiene muchas falencias” y que por ejemplo el plazo que dispone para realizarse el estudio es mucho mayor al que perduran las drogas en el organismo.

El edil también criticó la “falta de claridad” que tiene la ley en cuanto a “quiénes son los funcionarios alcanzados”, y agregó que “no está prevista en la ley la partida presupuestaria”, en ese sentido informó que los estudios que él se practicó le costaron $4.800. “Es decir que estamos hablando de $10 millones que el Estado debería a pagar a las clínicas; $10 millones que va a gastar el Estado en una ley que no resuelve nada en lugar de buscar la forma de evitar el consumo y el ingreso de droga a la ciudad”, reclamó.

“La ley es ineficaz y por eso la sociedad descree. Me preocupa la hipocresía; que los pibes de Reencontrándonos estén por los pasillos tratando de conseguir un subsidio para poder funcionar, cuando con esta ley vamos a gastar $10 millones; me preocupa que no haya un perro antidroga en el aeropuerto; me preocupa que no haya un escáner en el paso fronterizo San Sebastián, me preocupa que no se hagan campañas de concientización”, sostuvo.

Por su parte el concejal Juan Manuel Romano (UCR) sostuvo que “entendemos las falencias que señaló el concejal Bocchicchio, habiendo vivido o conocido amigos o parientes que está pasando por el flagelo de esta enfermedad que nos toca de una manera de u otra a todos los que vivimos en Tierra del Fuego”.




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