El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en Casa de Gobierno una reunión con autoridades nacionales de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) para analizar la posible adhesión de Tucumán al Decreto 54/2017, que introduce reformas al régimen establecido por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.
El encuentro marca un paso importante en el estudio de un esquema que ya fue adoptado por la mayoría de las provincias del país.
Participaron también el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.
La comitiva nacional estuvo integrada por Fernando Gabriel Pérez, gerente general de la SRT, y Mariano García, delegado para el NOA.
Un decreto que busca mayor previsibilidad
Según explicaron las autoridades nacionales y provinciales, el decreto promueve mayor orden administrativo, reducción de la litigiosidad, uniformidad en los procesos y un trámite más estructurado dentro del Sistema de Riesgos del Trabajo. También facilita la integración de los empleadores públicos locales en esquemas de protección similares a los del sector privado.
La iniciativa apunta a que los reclamos laborales agoten la instancia administrativa antes de judicializarse, lo que permitiría evitar juicios innecesarios y acelerar las resoluciones.
Pedido del sector privado y análisis provincial
El ministro Regino Amado sostuvo que actualmente 18 provincias ya se encuentran adheridas al decreto y destacó que existe un fuerte acompañamiento del sector empresario local.
El funcionario remarcó que “Hubo un pedido del sector privado porque las aseguradoras de riesgo de trabajo, a la cual adhieren los empleados estatales, funcionan a través de la Caja Popular de Ahorros de forma muy eficiente, de acuerdo a la opinión del gerente general, Fernando Gabriel Pérez”.
El funcionario adelantó que la provincia iniciará un proceso de análisis junto a actores institucionales clave: “Se analizará la posibilidad y la conveniencia, sobre todo hacia los trabajadores del sector privado, de que la Provincia adhiera a esta ley. Lo dialogaremos con la Federación Económica, con organismos privados y, si la Provincia y el Gobernador lo disponen, adheriremos a esta ley”.
Menos juicios y más controles
Amado explicó que la principal ventaja de la adhesión al decreto es el descenso de la litigiosidad, un punto crítico para empresas, trabajadores y el sistema judicial: “Ha bajado la litigiosidad, porque se hablaba de alguna industria de juicio con accidentes de trabajo que no ocurrían y con este decreto, la idea es controlar eso observándolo muy de cerca y creando los organismos necesarios para que también puedan resolverse los litigios laborales, antes de llegar a juicio”.
La visión de la Superintendencia
Por su parte, el gerente general de la SRT, Fernando Gabriel Pérez, expresó que el gobernador solicitó analizar en detalle la propuesta, priorizando el impacto sobre los trabajadores y el sistema productivo provincial: El mandatario pidió evaluar la iniciativa con “la idea es que sea un beneficio para la Provincia y que la Nación pueda contar con Tucumán como provincia adherida al sistema de riesgo de trabajo”.