Cinco horas de sesión y 15 proyectos: el resumen del Concejo Deliberante
El presidente del Concejo, Fernando Juri, detalló el objetivo de la reunión con funcionarios municipales.


El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán definió, en su última sesión, un mecanismo institucional para relevar el estado de los edificios de vivienda colectiva que no cuentan con el certificado de finalización de obra. La resolución, votada de manera unánime, dispone la convocatoria de funcionarios municipales a una instancia de trabajo conjunta con las comisiones del propio cuerpo legislativo.
El texto sancionado establece que serán citadas las autoridades de las áreas municipales de Planeamiento Urbano, Obras Públicas, Catastro y Edificación, junto con otras instituciones con incumbencia en la materia. El ámbito de esa convocatoria será una reunión conjunta entre la comisión de Obras Públicas y Estética y la comisión de Planeamiento y Urbanismo. Según se desprende de la iniciativa, el objetivo es doble: relevar la situación administrativa de los edificios de vivienda colectiva ocupados dentro del ejido municipal y, a partir de ese diagnóstico, evaluar posibles modificaciones normativas y administrativas en los procedimientos de aprobación, inspección, regularización y finalización de obras.
El doctor Fernando Arturo Juri, presidente del cuerpo, situó el sentido de la norma en una lógica de prevención antes que de sanción: el Concejo espera recibir de los funcionarios el análisis ya realizado sobre los edificios sin final de obra, con la intención de anticiparse a futuros inconvenientes y de que, junto con los concejales, se definan herramientas concretas para atender la problemática.
La iniciativa tuvo un recorrido particular dentro del recinto. Nació como un pedido de informes a la Municipalidad, impulsado por José María Canelada y Gustavo Cobos, con el respaldo de Ernesto Nagle, Ana María González, Ramiro Ortega, Cristian Abel, Gastón Gómez, Federico Romano Norri y Leandro Argañaraz, en un contexto marcado por el incendio registrado en un edificio del microcentro. Ese formato, sin embargo, no fue el que finalmente se aprobó: tras una hora de intercambio entre los ediles, Nagle planteó reemplazar el pedido de informes por la citación directa de los funcionarios a una reunión conjunta de comisiones, moción que fue la que prosperó. A esa modificación se sumó una segunda, de José María Franco, que incorporó un artículo por el cual será la Presidencia del cuerpo la que fije día y horario de la convocatoria. Con ambos agregados, el proyecto reunió los votos de la totalidad de los concejales presentes.
La reunión, que insumió casi cinco horas, abarcó en total 15 expedientes entre ordenanzas y resoluciones, incluidos los ingresados sobre tablas. Entre lo sancionado también figuran: