La Fiscalía de Estado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán cerró diciembre con un sello que, puertas adentro, ordena procedimientos, y hacia afuera, busca dar previsibilidad: obtuvo la certificación IRAM ISO 9001:2015, que avala la implementación y el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en áreas consideradas centrales para el trabajo jurídico y administrativo del organismo.
El certificado fue emitido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) el 19 de diciembre de 2025 y rubricado por el gerente de División SG&CP, Gustavo Pontoriero.
Según el documento, la vigencia se extiende desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 17 de mayo de 2026, y abarca dependencias de la Casa Central y de la Dirección de Personas Jurídicas, ambas con sede en San Miguel de Tucumán.
En la Casa Central, el alcance incluye circuitos vinculados a la emisión de dictámenes fiscales, la defensa judicial de la Provincia, el registro y pago de sentencias, el control contable y la elaboración de actos administrativos.
Dentro de ese mapa aparecen la Dirección de Asesoramiento y Contralor, la Dirección Judicial, la Dirección de Registro de Sentencias, la Dirección de Auditoría, la Mesa de Entradas y Salidas, la Dirección de Administración y Despacho y la Escuela de Abogados del Estado.
La lógica del sistema, puertas adentro, apunta a sostener una misma línea: procedimientos claros, trazabilidad y mejora continua en áreas donde cada paso impacta en decisiones, plazos y responsabilidades.
En la Dirección de Personas Jurídicas, la certificación comprende el Registro Público de sociedades comerciales, la digitalización de libros de protocolos y los procedimientos para el otorgamiento de personerías jurídicas a fundaciones y asociaciones civiles. Este año, además, se incorporó la evaluación de procesos de digitalización, un punto que conecta la gestión documental con la agilidad de los trámites y la atención al público.
En ese marco, la imagen difundida junto a la información —sobre una entrega de personerías jurídicas a organizaciones— funciona como una postal de un trámite que, en la práctica, puede definir tiempos y certezas para instituciones de la sociedad civil.