Redacción Vía Santa Fe
El juez Jorge Patrizi rechazó este martes una solicitud de Marcelo Sain y otras personas imputadas por espionaje ilegal en Santa Fe. De esta manera rechazó el cambio de fuero de la causa que se abrió el año anterior y derivó en graves acusaciones contra el ex ministro de Seguridad provincial y parte de su equipo.
Los abogados del criminólogo plantearon que la denuncia sobre la violación de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional se refiere a un delito de competencia federal. No obstante, el magistrado no hizo lugar al pedido al que se unió Juan Lewis, el otro defensor.
Entre otras cuestiones, Patrizi señaló que las tareas ilegales atribuidas a Sain y demás personas imputadas se dieron en el ámbito del Poder Ejecutivo de Santa Fe. A la hora del análisis de la normativa antes mencionada, aceptó la postura del fiscal Ezequiel Hernández a favor de la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“Si no se involucra al personal del Gobierno federal, la órbita es provincial”, reza la resolución. De esta manera alude al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia para abordar este tipo de cuestionamientos.
Por otra parte, el magistrado señaló que “la seguridad de la Nación no se encontró afectada, ni se ha perjudicado directa y efectivamente” al Ejecutivo en ese nivel. Así se refirió a otro escenario en el que cabía la posibilidad del cambio de fuero.
¿Por qué imputaron a Marcelo Sain?
En la audiencia realizada a fines de noviembre, los fiscales Hernández y Federico Grimberg imputaron a Marcelo Sain como jefe de una asociación ilícita. Además de las tareas de inteligencia ilegal, lo señalaron como responsable de la malversación de fondos públicos calificada, peculado y abuso de autoridad.
Los investigadores creen que el sospechoso de 57 años actuó como instigador para la destrucción de documentos y elementos de prueba judicial. A su vez, lo denunciaron por la violación de secretos y encubrimiento calificado.
El criminólogo bonaerense afirma que la causa es parte de una maniobra de “lawfare” en su contra, pero también apuntó contra funcionarios del Gobierno provincial por postura como querellantes. “No soy cagón y traidor como otros”, le dijo a Marcos Corach, ministro de Gestión Pública.