Espionaje ilegal en Santa Fe: citaron a Marcelo Sain para imputarlo

A casi un año de las requisas en edificios públicos por la causa sobre espionaje ilegal en Santa Fe, este lunes citaron a Marcelo Sain para imputarlo en relación a dicha denuncia. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) hizo el mismo pedido para otras siete personas que formaban parte del equipo del ex ministro de Seguridad provincial.

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La Justicia programó la audiencia para el martes 29 de noviembre en dependencias de la Fiscalía Regional Primera. El criminólogo quedó en la mira pública a fines de 2021, cuando las autoridades secuestraron celulares de funcionarios que siguieron trabajando en la cartera una vez que presentó su renuncia.

El MPA decidió imputar en libertad a Sain y a Germán Montenegro, que fue secretario de Seguridad de Santa Fe hasta la semana de las requisas en las oficinas que el ministerio posee en la capital provincial y en Rosario. En la lista de personas citadas se incluyen Pablo Álvarez, ex subsecretario de Investigación Criminal, y Nadia Schujman, titular de la Agencia de Control Policial (ACP) hasta fines del año pasado.

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Dentro de la causa sobre espionaje ilegal, el fiscal Ezequiel Hernández planea presentar evidencia contra Diego Rodríguez, otrora encargado de la Subsecretaría de Control Institucional de la cartera. También acusará a Milagros Bernard y María Agustina Moulins. Lo mismo ocurrirá con Débora Cotichini, exjefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI).

Marcelo Sain le presentó la renuncia a Aníbal Fernández

Horas después de que la citación del MPA tomara estado público, Marcelo Sain presentó su renuncia ante el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. El criminólogo dejó su cargo en vísperas de la segunda audiencia que afrontará en Santa Fe en los últimos siete meses.

A fines de abril, el exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue imputado por irregularidades en una licitación para la compra de armamento. Un mes después, la Justicia le trabó embargo por 100.000 dólares, aunque siguió trabajando como asesor del quilmeño.