Lucas Aranda
El Gobierno de Santa Fe anunció este martes la implementación de un protocolo contra la violencia de género en el ámbito laboral como parte de las medidas vinculadas a la reciente sanción de la Ley Micaela en el Congreso.
La medida surgió a partir de un decreto del Ejecutivo y Miguel Lifschitz también envió un proyecto para que la Legislatura provincial adhiera a la normativa nacional aprobada a mediados del mes pasado en la Cámara alta, la cual establece la capacitación obligatoria del personal de la administración pública para tratar situaciones de violencia contra las mujeres.
En cuanto a la primera iniciativa, desde la Subsecretaría de Políticas de Género informaron que la misma habilita el asesoramiento legal y la asistencia legal gratuita en todo el territorio provincial. "En el caso de que la persona afectada lo requiera expresamente, debe ser oída personalmente por parte de la autoridad administrativa correspondiente", agregaron.
A menos de un mes de la renuncia uno de los máximos funcionarios del Ministerio de Cultura e Innovación por episodios vinculados a dicha problemática, la Casa Gris dispuso la aplicación del protocolo "para los agentes públicos, empleados y autoridades superiores de las entidades autárquicas", así como "docentes, personal policial y penitenciario, y autoridades superiores y personal de gabinete".
Según el texto que lleva la firma del gobernador, la Provincia busca "promover un ámbito de trabajo libre de violencia, acoso sexual y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género". Respecto del curso de los trámites, la normativa dispone que las denuncias y consultas serán recibidas por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.