El Gobierno nacional volvió a meter en la agenda la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores y en la administración santafesina ya se manifestaron en contra.
El encargado de rechazar la iniciativa fue el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein. El funcionario puntualmente habló de un trasfondo proselitista alrededor del proyecto que es impulsado por Cambiemos.
"Son temas para tratarlos con seriedad. Mezclar lo político partidario con las cuestiones de seguridad y justicia no es lo más atinado", recomendó Silberstein en contacto con Canal 3, al ser consultado sobre efectividad del plan, que busca bajar la imputabilidad de 16 años, a los 15.
"Habría que trabajar en una ley de fondo que regule bien la relación de los menores no imputables y regule bien el problema de los menores imputables", recomendó el ministerio en relación a la problemática existe alrededor de la edad de quienes cometen hechos de inseguridad.
Además, para intentar deslindar el problema de los ilícitos cometidos por menores, el funcionario dijo que "de las 160 mil denuncias de delito que hay por año en Santa Fe, sólo el 2 por ciento corresponden a menores y menos del uno a menores de 15 años".
“Bajar la edad de imputabilidad no va a solucionar el problema; hay un debate mucho más profundo que establecer si se baja o no la edad de imputabilidad”, insistió Silberstein, que valoró la necesidad de tener un Código de Justicia Penal Juvenil. “Hoy los juzgados no alcanzan, lo cual demora las causas. Eso hace que menores que deberían estar más tiempo detenidos o presos no lo están, o menores que están detenidos o presos no lo deberían estar", sumó.
La edad de imputabilidad actual, para delitos graves es de 16 años. Con este nuevo proyecto bajaría a 15. El ministro de Justicia Germán Garavano tendría listo el proyecto hace tiempo.
El proyecto también prevé un sistema de escalas por edad. Con 15 años los adolescentes sólo podrán ser imputados por delitos graves: asesinatos, violaciones, secuestros extorsivos, robos con armas de fuego, por ejemplo.
De todos modos, 15 años será la cantidad máxima de prisión que se le podrá imponer a un adolescente.
El proyecto también incorpora mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos: mediación, conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.