Al igual que en Rosario, la Municipalidad de Santa Fe finalmente reglamentó este lunes la ordenanza 12.708 que permite a taxis, remises y transportes escolares a movilizar bienes -que no sean alimentos- en entregas puerta a puerta, siempre que los productos pertenezcan a comercios habilitados en el marco del aislamiento por coronavirus.
La medida había sido sancionada pasado 23 de abril por el Concejo Municipal, que modificó y amplió los servicios que pueden prestar quienes se dedican a esa actividad mientras dure la pandemia y así lo disponga el intendente.
El municipio aclaró que el servicio "ya está vigente y los que quieran prestarlo no deberán presentar ninguna documentación extra ni hacer algún trámite en la municipalidad".
El costo del servicio será acordado entre la persona que ejerce esa tarea y quien vaya a pagar por el trabajo, que en forma indistinta podrá ser el que vende el bien o quien decidió comprarlo.
De todas formas, la autoridad comunal resolvió que el precio más caro permitido del servicio será calculado siguiendo el criterio de radio aproximado de entrega del bien, para lo cual se usará como parámetro el valor de la denominada bajada de bandera y las fichas del servicio de taxímetros, actualmente fijada en 47,60 pesos el primero y en 3,95 pesos el segundo.
Las autoridades indicaron que se tomará como radio a la distancia que medie entre el sitio de carga de los productos y el que tengan como destino final.
Además, el comunicado del municipio santafesino determinó que iguales condiciones regirán para el caso de los transportes escolares que se sumen a la actividad, aunque estos podrán cobrar un 50 por ciento más que los precios establecidos para los taxis y remises.
En cuanto a las maneras de establecer los términos de contratación, el municipio señaló que serán idénticas a las que se utilizan actualmente para el servicio de traslado de personas, es decir, desde el llamado telefónico a algunas de las firmas para que despachen un vehículo hasta detener un coche de alquiler en la vía pública.
La ordenanza que sancionó el Concejo Municipal fue elaborada a raíz de la declaración de la emergencia sanitaria en la capital de la provincia por coronavirus, teniendo en cuenta además el decreto de Necesidad y Urgencia número 260/20 del gobierno nacional y el decreto número 213/20 de la administración provincial.