La Corte Suprema de la Nación deberá definir si la causa en la que se investiga a Ganancias Deportivas, Intense Live y QubitLife, por la captación de fondos en un esquema sospechado de ser piramidal y que podría provocar una estafa masiva entre los suscriptores debe ser investigada por un juez federal o uno de Poder Judicial mendocino.
Los expedientes fueron remitidos en su momento por el fiscal de instrucción Javier Giaroli al juez federal Eduardo Puigdéngolas y éste adhiriera al dictamen del Fiscal Federal al rechazar la competencia en los mismos.
Cabe destacar que Giaroli actuó en el caso a partir de las denuncias en dos de ellos y de oficio en el primero, hasta que junto con el fiscal jefe Pablo Peñasco, definieron que el delito a ser investigado pordía ser captación ilegal de ahorro público, como lo consideró un fiscal federal de San Nicolás en el caso Intense Live en una causa abierta en esa localidad bonaerense, y remitió las actuaciones a esos tribunales.
De ahora en más y con el rechazo de la Justicia Federal la causa podría regresar al fuero provincial o quedar en sus manos, según determine la Suprema Corte Nacional.
En el caso de que las actuaciones retornaran a un juez de la provincia mendocina, el delito que deberá probar es el fraude, aunque esto último dependerá del funcionamiento de las plataformas que prometieron devoluciones con intereses exorbitantes a favor de los inversores (20% mensual) que, al menos en los casos ya denunciados, esos retornos no los tuvieron a su disposición en el tiempo y la forma que les establecieron al momento de realizar sus suscripciones y aportes.
Vale recordar que a mediados del mes pasado, el Juzgado Colegiado Primero de San Rafael decidió declarar la incompetencia de la Justicia Provincial a la hora de juzgar estas denuncias y remitirlas a la Justicia Federal.
Fuentes cercanas al Juzgado Federal de San Rafael aseguraron que el magistrado consideró que la decisión de la justicia provincial fue “prematura” y que, por ahora, se podría estar frente a un esquema piramidal que constituya el delito de estafa –cuya investigación corresponde a la justicia ordinaria- pero que, hasta aquí, no hay pruebas de que el orden económico financiero nacional se haya visto afectado, por lo que el fuero que él representa no debiera actuar, ante lo cual ordenó la devolución de los expedientes al Poder Judicial de la provincia, según publicó Diario San Rafael.
Por lo tanto será la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien defina la cuestión.