Denunciaron que recibieron "destrato" por parte de funcionarios del Ministerio de Educación de San Luis.


Nuevamente la Asociación Civil de Escuelas Privadas (ACIEP) de San Luis solicitó una audiencia con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá con el objetivo de darle a conocer situación que aseguran, es complicada. Informaron que tras la activación de la cláusula gatillo, en diciembre del año pasado, habían pedido ayuda al Gobierno pero no tuvieron respuesta.

Luego del incremento salarial del 40% que el gobernador puntano otorgó el 13 de marzoACIEP solicitó una audiencia porque sostienen que está en peligro la continuidad de algunas escuelas públicas de gestión privada; advirtieron que tendrían que reducir el personal, según informó El Chorrillero.

“Nos vemos afectados con los aumentos salariales que se otorgan sin una mínima participación por parte de nuestras instituciones”, reclamaron y señalaron que hay una gran pérdida en la matrícula y la disminución desde el año 2007 en los porcentajes de subvención.

Debido a eso pretenden que se haga una revisión en los convenios en los cuales el Gobierno exige “en forma autoritaria y perentoria la elevación de gran cantidad de documentación” y aseguraron que para otorgarles el subsidio a aquellos establecimientos que no lo perciben, piden ciertos requisitos cuando el trámite debería ser “automático”; y así “dar cumplimiento a la ley de educación privada y al principio de equidad”.

Es así que en declaraciones al mencionado medio digital denunciaron un “destrato” por parte de “funcionarios del Área de Escuelas Privadas”; y desvalorización y tratado discriminatorio” hacia los colegios.

“No se nos permite acceder a capacitaciones tales como el tratamiento de ESI (Educación Sexual Integral) – solo por ser docentes de escuelas de gestión privadas -, no se nos entrega material didáctico y nunca hemos sido recibidos como ACIEP desde el año 2007”, explicaron y concluyeron diciendo que: “Somos escuelas con alumnado que nos eligen, somos una fuente de trabajo, nuestros costos son menores para el Estado, nuestros empleados no pertenecen al Estado y tampoco generamos gastos de insumos o mantenimiento de edificios”.






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