El martes pasadas las 13, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, acompañado y el jefe del Programa de Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Diaz, informaron en una conferencia de prensa que el Gobierno de San Luis iba a presentar un recurso de amparo por el cobro retroactivo de las tarifas del gas. Finalmente éste miércoles a la mañana lo presentaron y Allende estimó que en un máximo de cinco días llegaría la notificación a la Secretaría de Energía de la Nación.
El Gobierno de San Luis presentó este miércoles por la mañana el amparo ante la Justicia Federal en contra del cobro de la Compensación Retroactiva a favor de las empresas distribuidoras de gas natural, según confirmó el letrado a El Diario de la República.
"El tiempo de plazo es rápido. Dos o tres días, máximo cinco", dijo Allende. Y explicó que ahora un fiscal se expedirá sobre la competencia del juzgado federal, en caso que declare la competencia el amparo será trasladado a la Secretaría de Energía de la Nación. Ésta deberá hacer un informe con las razones que la llevaron a dictar la Resolución 20 / 2018 que dispone que se trasladen al consumidor las diferencias entre el precio que las distribuidoras pagaron por la compra del combustible y lo que le cobraron al consumidor acumuladas durante el periodo de abril a septiembre del año 2018, durante 24 meses a partir de enero del año próximo.
El gobierno nacional impulsa el cobro extra por la devaluación a las boletas pagadas de abril a la fecha y pretende aplicarlo en todo el país a partir de enero.
“Somos optimistas en que se resuelva en estos 2 meses. Esperamos que se declare la nulidad del aumento antes de que el cobro sea operativo”, expresó el fiscal de Estado.
El Gobierno Nacional dio marcha atrás
A pesar de las medidas legales impulsadas por el Gobierno de San Luis, pasadas las 14 del miércoles, el Gobierno Nacional confirmó que dan marcha atrás con la medida que iba a compensar a las empresas distribuidoras por la devaluación. Este aumento había sido determinado por la Secretaría de Energía liderada por Javier Iguacel, a través de una resolución que se dio a conocer el viernes.
Finalmente, el Estado y las empresas serán quienes se hagan cargo de ese monto extra, que en las tarifas del servicio iba a ser de 10 mil millones de pesos. El monto será abonado en cuotas hasta 2021, por lo que no se verían afectadas las previsiones presupuestarias y el déficit cero para 2019 que el macrismo había pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).