La Cámara Penal Nº 2 de la ciudad de Villa Mercedes comenzó a juzgar en marzo pasado a un hombre que habría abusado sexualmente de su sobrina. Aprovechando una salida de compras de los abuelos paternos de la nena, el hombre la llevó a su habitación y cometió los abusos que se habrían repetido en reiteradas oportunidades, cada vez que los abuelos se ausentaban del domicilio.
Un cambio de conducta de la hija hizo sospechar a la madre quien la interrogó y la pequeña confesó la situación. Según el relato de la niña, el primer abuso lo cometió el acusado cuando ella tenía ocho años. Las conductas desplegadas por el hombre juzgado habrían incluido otros hechos, como obligar a la niña a ver material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes (MASNNA), incluyendo películas con contenido de pedofilia y zoofilia.
El hecho se denunció en enero del 2018 en la Comisaría 10ª de Villa Mercedes y en la causa se incorporaron, entre otras pruebas, el sumario preventivo policial, informes médicos y de Cámara Gesell y material informático secuestrado en el domicilio del acusado.
La fiscal de primera instancia, dra. Daniela Torres, precisó en su acusación que los abusos se cometieron entre los 8 y los 11 años de la niña –de casi 15 años al momento de radicación de la denuncia-, sin poder precisar la cantidad de veces en que ocurrieron los hechos. Concluyó: "El tío abusó sexualmente de la niña en varias oportunidades mediante amenazas ejercidas sobre la víctima". Asimismo, la fiscal estimó que, al momento de cometer los abusos, el acusado se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de la niña, sobre la cual tenía una manifiesta preponderancia física y psicológica.
A su vez, la Defensora de Menores mencionó los daños y consecuencias en tanto secuelas psíquicas y físicas de la víctima y a las alteraciones en el desarrollo. Se refirió a los informes médicos y psicológicos de la niña y a los psiquiátricos y psicológicos del imputado. También mencionó el temor de la niña frente a las amenazas del abusador y dijo que hubo una extensión del daño causado. Como agravantes tuvo en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y como atenuantes la falta de antecedentes. Se adhirió a la pena que oportunamente solicitara el Fiscal de Cámara.
Por su parte, la abogada de la víctima, representada por la dra. Diana María Bernal, realizó una breve síntesis y manifestó que las pruebas fueron corroboradas por los dichos de la víctima como así también las actuaciones y los actos procesales fueron ratificados. Coincidió con la defensora y se refirió al informe psicológico y de Cámara Gesell. También hizo referencia a los efectos producidos en toda la personalidad de la niña y consideró el agravante del daño causado. "No sólo sufrió un ataque a su sexualidad, sino también un ataque a la libertad de elegir sobre su sexualidad y a sus propias decisiones", apuntó. Solicitó al tribunal se aplique el máximo de la pena y que la sentencia sea ejemplificadora. Adhirió a la pena que oportunamente solicitara el Fiscal de Cámara.
El Fiscal de Cámara dr. Ernesto Lutens solicitó al tribunal la pena de 17 años de prisión.
Una de las pruebas presentadas en la causa se trata del secuestro de una computadora y a la pericia informática por el equipo de delitos complejos del Poder Judicial que contenía material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, los cuales el acusado exhibía a la niña. Asimismo, también contenía imágenes de pedofilia y zoofilia.
El defensor del acusado, dr. Miguel Agundez, manifestó que su defendido tiene retraso madurativo y que no tiene lucidez para determinar ciertas cosas. Agregó que la niña en su declaración es inducida por la madre. Expresó que el hecho no está probado y que el acceso carnal tampoco. Que la conducta de su cliente es una cuestión madurativa, solicitó al tribunal que la pena solamente refleje los hechos plasmados en la causa.
Los jueces que integran esta Cámara Penal N° 2 está conformado por los doctores Daniela Estrada, Aníbal Atilio Astudillo, Sebastián Cadelago Filippi
El tribunal anunció que el veredicto será informado el próximo jueves 17 de septiembre a las 11.
Por tratarse de delitos de instancia privada, se omiten los datos identificatorios del acusado y de las víctimas para preservar su identidad y derecho a la intimidad y confidencialidad de las mismas.
