La semana pasada habían ingresado los pliegos al senado por los cuales ambos funcionarios realizarían un llamativo intercambio de funciones.


La semana pasada ingresaron al senado los pliegos que confirmaban el “enroque” que todos sospechaban, pliegos para designar a Abel Cornejo, hasta hace poco juez de la corte, para la Procuración, y el de Pablo López Viñals, saliente procurador, para Juez de la Corte.

Es en este contexto que un grupo de salteños, con algunas destacadas figuras del ámbito político salteño como el caso de los exdiputados provinciales Virginia Cornejo, Virginia Dieguez y Carlos Zapata, el ex Fiscal de Estado Armando Isasmendi, el exconcejal Roque Rueda, y el ex Ministro de Trabajo de la Nación Armando Caro Figueroa, han presentado una impugnación de las postulaciones de los doctores Abel Cornejo y Pablo López Viñals a los cargos de Procurador General de la Provincia y Juez de Corte respectivamente.

En la impugnación, los firmantes aducen que la sucesión recíproca de ambos funcionarios configura una maniobra abusiva orientada a eludir prescripciones constitucionales, y confiriendo al Gobernador atribuciones que no podría ejercer hasta el término de su mandato.

Esto es porque ambos funcionarios cesarían naturalmente en sus funciones en el año 2020, año en que el actual gobernador no se encontrará en funciones. Sin embargo, con este “enroque”, Cornejo y López Viñal se asegurarían permanecer en sus nuevos cargos hasta 2025.

En la impugnación, los firmantes citan la Constitución de Salta, asegurando que esta incluye una prescripción que, si bien está referida a la Administración, proyecta luz a todo el Estado, y que en su artículo 61 dice: “La administración pública, sus funcionarios y agentes sirven exclusivamente a los intereses del Pueblo. Actúa de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos… Los funcionarios públicos, para ocupar sus cargos, juran fidelidad a la Patria y lealtad a la Constitución Nacional y a la Presente.”

Según la impugnación, “de concretarse las designaciones se configurará un verdadero escándalo, un pésimo antecedente, que demostrará un altísimo grado de deterioro institucional e incluso moral en nuestra provincia.”

Y finalizan solicitando al Senado rechazar ambos pliegos, instándolo a demostrar su independencia y cumplir con la atribución que confiere la constitución.






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