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| domingo, 30 de agosto de 2026
Un incendio ocurrido a fines de julio permitió descubrir el funcionamiento de un geriátrico sin habilitación en barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe, donde permanecían alojados siete adultos mayores y personas con discapacidad. El episodio dio origen a una investigación provincial que ya tiene dos personas imputadas.
A poco más de un mes del hallazgo, el caso sumó un nuevo capítulo. Una denuncia presentada ante la Justicia Federal pide investigar si detrás del establecimiento existió un mecanismo de captación y explotación económica de personas en situación de vulnerabilidad, una hipótesis que deberá ser analizada por la Justicia.
El caso salió a la luz el 27 de julio en una vivienda ubicada en José Gollán al 10.100. Ese día, uno de los residentes prendió fuego un colchón y la intervención de los servicios de emergencia permitió conocer lo que ocurría dentro del inmueble.
Las autoridades constataron que siete personas permanecían alojadas en un establecimiento que no contaba con habilitación municipal ni provincial para funcionar como residencia de adultos mayores.
A partir de allí comenzaron a conocerse denuncias por las condiciones edilicias, la falta de higiene y alimentación y las deficiencias en la atención de quienes permanecían en el lugar.
La investigación provincial avanzó contra María Laura M., de 51 años, señalada como responsable del establecimiento. La Fiscalía la imputó por abandono de persona en perjuicio de los siete residentes.
Según la acusación, la mujer recibía pagos a cambio de brindar alojamiento, alimentación y atención, pero esas obligaciones no se habrían cumplido de manera adecuada. La Fiscalía también señaló que en algunos casos administraba documentación personal y tarjetas utilizadas para cobrar jubilaciones o pensiones.
La investigación alcanzó además a Ricardo H., quien trabajaba como cuidador. Fue imputado por privación ilegítima de la libertad, bajo la acusación de haber dejado encerrados a los residentes cuando se retiró del inmueble el día del incendio. Posteriormente recuperó la libertad bajo una serie de medidas alternativas mientras continúa ligado al expediente.
Pero después del operativo apareció otro dato que amplió los interrogantes: existían denuncias anteriores al incendio.
Una familiar había realizado presentaciones en abril y mayo en las que advertía sobre presuntas irregularidades dentro del establecimiento. Entre los elementos aportados figuraba incluso una carta manuscrita atribuida a uno de los residentes en la que pedía ayuda para abandonar el lugar.
La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación abrió posteriormente una investigación sobre la actuación de los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini para determinar qué tratamiento recibieron aquellas denuncias y si existieron demoras u omisiones en las medidas de protección.
El caso adquirió una nueva dimensión a partir de una presentación realizada ante la Justicia Federal por el periodista Pablo Benito, con el patrocinio del abogado Santiago Banegas.
La denuncia pide determinar si detrás del funcionamiento clandestino del establecimiento pudo haber existido un mecanismo de captación, alojamiento y posterior explotación económica de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es cómo llegaban las personas al lugar. La presentación sostiene que algunas podrían haber sido captadas después de ser externadas de establecimientos de salud y en circunstancias en las que contaban con escasas alternativas habitacionales.
También se investigará qué ocurría con sus recursos una vez que ingresaban. De acuerdo con los elementos aportados, a algunos residentes o familiares se les habría solicitado la entrega de documentos, tarjetas bancarias y claves personales.
La sospecha planteada ante la Justicia es que esos elementos podrían haber sido utilizados para controlar jubilaciones, pensiones u otros ingresos de los residentes. Será el fuero federal el que deberá determinar si las pruebas permiten encuadrar esas conductas dentro del delito de trata de personas.
La legislación argentina contempla como trata, entre otras conductas, la captación, recepción o acogimiento de personas con fines de explotación. La situación de vulnerabilidad de las posibles víctimas y el eventual aprovechamiento económico son, por eso, algunos de los elementos que ahora estarán bajo análisis.
En paralelo, uno de los adultos mayores que estuvo alojado en el establecimiento busca constituirse como querellante. Su abogado aseguró que el hombre pretende declarar formalmente como víctima y aportar información sobre el manejo de sus recursos durante su permanencia en el lugar.
La causa tiene así dos frentes. Por un lado, la Justicia provincial continúa investigando las responsabilidades vinculadas con las condiciones en las que permanecían los siete residentes. Por otro, la Justicia Federal deberá establecer si detrás del geriátrico clandestino existió un esquema más amplio de captación y explotación económica.
A más de un mes de aquel incendio, el episodio que permitió descubrir el establecimiento dejó de ser investigado únicamente como un caso de presunto abandono. Ahora la Justicia también busca reconstruir cómo llegaban los adultos mayores al lugar, quién manejaba sus ingresos y por qué las denuncias realizadas antes del incendio no lograron evitar que continuara funcionando.
Facundo Gonzalez