La Fiscalía había solicitado que vayan presos para no poner en riesgo la investigación. En qué situación están los que se beneficiaron con la maniobra. 


Los imputados en la causa de la “EPE paralela” finalmente seguirán el proceso en libertad. Así lo definió este lunes la Justicia, que no dio lugar al pedido de prisión preventiva de parte de la Fiscalía.

La fiscal del caso, Valeria Haurigot argumentó que la solicitud se realizó en beneficio de la investigación y así “tener mayores pruebas” contra los empleados y ex trabajadores de la empresa, que ofrecían en casas y comercios la instalación del servicio para pagar una tarifa más barata.

La causa tiene a diez personas imputadas y está caratulada como asociación ilícita y fraude a la administración pública. La investigación comenzó en mayo del año pasado y en los allanamientos efectuados en diciembre “se constataron 25 lugares con conexiones clandestinas”, sostuvo Haurigot.

Según la Fiscalía, los imputados pedían “un pago inicial para hacer la conexión y luego cobraban un canon mensual”. Y ahondó: “Se sacaba una proporción de lo que pagaba realmente el usuario y lo que debería pagar, en concepto de mantenimiento”.

Consultada sobre la situación de los usuarios que se beneficiaron de la estafa, la fiscal manifestó que “la idea es imputarlos” y que para ella “son coautores”. Sin embargo luego remarcó que “hay que hacer una convalidación entre el momento de la conexión clandestina y el momento en el que el dueño comenzó a habitar el inmueble”.

Por último,  Haurigot sostuvo que que los usuarios involucrados están siendo investigados por una “defraudación” y que las penas “arrancan en un mes de prisión”. 






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