Cuando parecía que el postergado reclamo de los familiares de Maximiliano Zamudio había prosperado ante la citación a audiencia imputativa del prefecto acusado por su homicidio, el caso dio un nuevo giro durante la presentación y generó fuertes críticas por un planteo en el que la Fiscalía descartó que se haya tratado de un hecho de violencia institucional.

A través de un comunicado, la multisectorial que sigue la investigación consideró que los parientes del adolescente y las organizaciones sufrieron "un nuevo destrato" al permitir que el acusado "saliera por el mismo lugar donde se encontraban" quienes se habían concentrado en el Centro de Justicia Penal. En concreto, sostienen que fueron revictimizados por esa decisión.

A tres años y medio de la muerte del chico de 16 años en Patricias Argentinas al 4300 y varios cambios en torno al eje de la investigación, la fiscal Karina Bartocci identificó a Ariel Fernando Condori Apaza como autor de homicidio con empleo de arma de fuego. Según la hipótesis de la funcionaria, el uniformado protagonizó una discusión con el menor mientras estaba a bordo de un Ford Blanco la noche del 27 de mayo de 2015 y en ese momento abrió fuego contra su interlocutor.

En el momento, el miembro de Prefectura Naval Argentina fue retenido por los vecinos de la zona y desde entonces era señalado como el asesino de Zamudio, pero la pesquisa nunca progresó en manos de la unidad de Homicidios Dolosos e incluso se solicitó el archivo de la causa.

Al cabo de la audiencia, el juez Juan Andrés Donnola avaló el planteo de la unidad de Violencia Institucional y le prohibió al acusado de 35 años salir del país sin autorización. Como alternativa a la prisión preventiva, también deberá notificar cualquier cambio de domicilio. Por otra parte, el magistrado descartó trabarle embargo a pedido de la funcionaria del MPA.