Un plan para congelar por seis meses le precio del pan y fijar en 50 pesos el valor del kilo fue presentado este lunes en Rosario por iniciativa de una concejala local, pero que en realidad replica una proyecto que ya se propuso en la Legislatura santafesina.

Según mencionaron los promotores locales del proyecto -la concejala Norma López y el vicepresidente 1° del cuerpo deliberativo, Roberto Sukerman- la idea busca evitar que sigan cerrando panaderías. Desde la entidad que nuclea a los operadores del sector hablan de entre 80 y 100 comercios del rubro cerrados en el último tiempo.

"El pedido es que la intendenta nos acompañe con acciones concretas porque esto depende de la Secretaría de Comercio de la provincia y de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Pedimos que acompañe este pedido de referencia del precio del pan con una bonificación en el consumo de kwts a aquellas empresas que consuman hasta 7000 kwts durante 6 meses. Buscamos brindar una herramienta que ayude en este momento de asfixia económica, tanto para los panaderos como para los y vecinos y vecinas de la ciudad", describió López sobre el espíritu de la inicitiva.

En su cruzada por congelar el precio, la concejala fue respaldada por los representantes de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario. "Es necesario tener un precio razonable para que la gente se pueda llevar el pan a su casa. Los bolsillos están cada vez más flacos, no hay dinero. La mayoría de las panaderías de barrio están en una situación crítica. Hoy el precio del kilo de pan ronda los 70 pesos, la bolsa de harina aumentó un 350% en el último año. Esto se traslada directamente al precio final", dijo, por su parte, Gerardo Di Cosco, titular de dicha entidad.

"Esta iniciativa va en el mismo sentido de la presentación realizada por el legislador provincial Leandro Busatto que se está discutiendo por estos días en la Cámara de Diputados de la provincia", indicó Norma López sobre los antecedentes del plan. Puntualmente se refieren a incorporar un precio de referencia, al alegar que "la gente no puede acceder a este producto clave de la canasta básica. También buscamos resguardar los puestos de trabajo del sector y proteger la producción local".