Los uniformados están bajo sospecha por colaborar con una banda que planeó diferentes atentados contra la Justicia.


La Justicia rosarina dispuso mantener bajo prisión preventiva a dos jefes policiales acusados de colaborar con una organización criminal comandada por Esteban Lindor Alvarado. La misma decisión se tomó en relación a otros dos efectivos detenidos la semana pasada y también respecto a Nicolás Marcelo Ocampo. El “Fino” era el único civil bajo arresto hasta este lunes, pero las autoridades dieron en las últimas horas con otras cuatro personas ligadas al caso.

La presentación del equipo de Gravedad Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se reanudó luego de que los seis implicados comparecieran el último viernes. Pasado el cuarto intermedio del fin de semana y otro receso a la tarde, voceros del organismo comunicaron que todos seguirán tras las rejas durante el plazo previsto por la ley.

En paralelo con el debate ante la jueza María Melania Carrara, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) realizó un nuevo procedimiento en busca de otros sospechosos y capturó a cuatro personas que quedarona a disposición de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Voceros del Ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron que el despliegue apunta a esclarecer el crimen del prestamista Lucio Maldonado e incluyó allanamientos en Riobamba al 5400, White al 7300 y Gallegos al 1100.

La TOE revisó domicilios en la zona sudoeste y noroeste de Rosario.. (@minsegsf)

Con respecto a los funcionarios que ya habían sido denunciados y privados de su libertad, los investigadores creen que el comisario Martín Rey y su hermano David Marcelo -subcomisario- ayudaron a Alvarado desde su rol como jefes de la división operativa de la Policía de Investigaciones (PDI) para encubrir una serie de tres ataques a balazos registrados en diciembre.

Por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en esos hechos también se investiga la actuación de Jorgelina Chávez y Pablo Bancora, dos uniformados que cumplían tareas dentro del MPA.

El Centro de Justicia Penal fue baleado la madrugada del 10 de diciembre. (Juan José García)

A la suboficial la denunciaron por pedirle a los fiscales que intervengan un teléfono de un allegado a la familia Cantero con el fin de desvincular al ladrón de autos del homicidio de Maldonado. A partir de las pruebas recabadas se la imputó además por cohecho y tráfico de influencias. El subinspector, por su parte, quedó en la mira de la Justicia a partir de una consulta sobre allanamientos para capturar a Alvarado el 20 de diciembre, una medida cuya fecha fue transmitida tres días antes a los allegados del delincuente para facilitar su evasión.






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